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Lun, Ago

Ausencia del Gobierno en regulación permite el uso ilegal de los transgénicos

Agrícola
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Juan Carlos Salinas Cortez .-Había la necesidad de reflexionar. De apagar, por dos horas, el motor de la cosechadora. Cerrar los libros académicos y técnicos, para analizar dónde está parada Bolivia en el actual escenario de producción y demanda de alimentos, que a partir de la inflación y la escalada de los precios internacionales, presentan nuevos retos al agro boliviano.

El Foro Seguridad Alimentaria para los bolivianos, organizado por esta casa periodística, con una participación multisectorial, tuvo como conclusión fundamental: la denuncia y el reclamo al Gobierno que, debido a su ausencia en el plano de la regulación y la puesta en vigencia de normativas, alienta y permite el uso ilegal de semillas transgénicas.

Fidel Flores, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) sostuvo que cuando se habla de seguridad alimentaria es necesario hacer foco en los sistemas de producción, en su eficacia y rentabilidad.

En ese contexto, Flores remarcó que el productor sea pequeño, mediano o grande, busca sembrar los alimentos que le permita tener una ganancia económica. Por ello, para reducir costos y mejorar los rendimientos, el 40% de los pequeños productores de San Julián (Santa Cruz) ya usan, de forma ilegal, semillas de soya de las variedades Intacta, un transgénico prohibido en el país.

Es Paola Román del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB) la que enciende la alarma y señala que esta proliferación de semillas transgénicas ilegales, sin ningún control gubernamental, no hace otra cosa que provocar un desequilibrio en el campo, pues el productor compra algo de dudosa procedencia y no cuenta con la capacitación técnica para usar esos granos genéticamente modificados que necesitan un tratamiento diferente a las semillas tradicionales.

José Luis Llanos, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), precisó que si busca consolidar la seguridad alimentaria en el país, no se puede seguir mirando de reojo el tema de los alimentos genéticamente modificados que, de acuerdo con los estudios de la Uagrm, de seguir así el ritmo de comercialización y uso de los transgénicos, el 80% del maíz amarillo duro será de esa variedad con o sin la autorización del Gobierno.

Llanos subrayó que es inevitable una actualización de las normas vigentes y una participación activa de las autoridades gubernamentales, porque, a su criterio, no es posible que actualmente el Comité de Bioseguridad Alimentaria esté analizando, el evento de soya HB4 resistente a la sequía, con una norma de 1997, cuando se trata de una tecnología desarrollada en 2022.

EL DEBER envió invitaciones por escrito a los ministros de Desarrollo Rural y Tierras y Desarrollo Productivo para su participación en el foro, e incluso solicitaron un cambio de fecha para asistir, pero declinaron.

Labor de la Gobernación

Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña, reconoció que en el plano de la investigación y capacitación a los productores para el uso de los transgénicos no pueden hacer nada, debido a que están prohibidos y cualquier cambio es competencia exclusiva del Gobierno central.

¿Y qué hace el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)? Se le consultó. A lo que Menacho explicó que solo se está trabajando en los programas que necesita el campo y que los 14 proyectos de investigación que se estaban desarrollando quedaron sin efecto, pues no respondían a las necesidades del agro. La autoridad detalló que se está trabajando con trigo, arroz, plátano y yuca y que en el tema de los transgénicos tienen “las manos atadas”.

Vicente Gutiérrez, expresidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), remarcó que es de vital importancia que se generen espacios de investigación donde puedan, en todos los niveles, mejorar semillas de alto valor productivo como el maíz, un alimento transversal en la agropecuaria nacional.

Producción concentrada

Alejandra Crespo, de la Plataforma Ciudadana Bolivia Libre de Transgénicos, hizo notar que cuando se habla de seguridad alimentaria se debe pensar en un sistema de producción variado, en ofrecer lo que el mundo no tiene y no apostar solo por tres o cuatro productos destinados a la exportación.

Crespo remarcó que el uso de los transgénicos no garantiza una mayor producción y puso de ejemplo a Perú que sin usar esta tecnología exportó alimentos por un valor de $us 7.000 millones y Bolivia lo hizo por $us 1.240 millones.

En la misma línea, Antonio Sanjinez, de Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), sostuvo que el acceso a los alimentos es un derecho humano que el Estado debe garantizar y que se debe potenciar la investigación para el mejoramiento de las semillas convencionales que en el Perú permiten que en 60.000 hectáreas de palta se generen $us 752 millones, mientras que, en Bolivia se usan más de un millón de hectáreas de soya para generar $us 716 millones. 

 Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), aclaró que ninguna institución productiva indica a sus afiliados qué cultivar, sino que estos lo hacen buscando tener una rentabilidad. Justiniano agregó que la oferta de trigo apenas cubre un 30% de la demanda, mientras que la del maíz, papa y cebolla cada vez son menores, por lo que se debe innovar para mejorar los rendimientos actuales.

Los participantes en el foro

Vicente Gutiérrez/ Expresidente de los Productores de Maíz y Sorgo (Promasor)

“Quien debe regular la estabilidad en lo económico o productivo es el Gobierno. Su ausencia es una irresponsabilidad cuando el tema del hambre nos debe importar a todos. Es importante evaluar las formas de producción vigentes y la validación de las semillas que se usan es determinante, aunque estas han ido cayendo significativamente. Hay ineficiencia en el Iniaf o se está haciendo uso de la ‘bolsa blanca’ de semillas. Es decir, se compran la semillas sin tomar en cuenta las que son certificadas en el país. Esto se debe a que en el mercado -debido a sus ventajas- lo que se ofrece es maíz transgénico y casi nada del híbrido. En la actualidad, la producción de maíz cayó ostensiblemente debido a los cambios climáticos; sin embargo, hay zonas donde el rendimiento es alto debido a que se usa transgénicos. Necesitamos de este maíz para transformarlo en carne”.

Fidel Flores/Pdte. de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo)

“La producción de soya en la campaña de verano es el principal cultivo con una superficie que supera el millón de hectáreas. Los pequeños y medianos productores se dan modos para conseguir semillas transgénicas, debido a que los costos de producción son menores y hay un mayor rendimiento. Sin embargo, su uso es ilegal porque se encuentra prohibido por el Gobierno, pero su demanda es una realidad, por lo que urge una reglamentación del uso de estos materiales. En cuanto a la producción de maíz, su oferta no cubre la demanda del país. Así, los avícolas necesitan más de un millón de toneladas, la pecuaria precisa 1,2 millones de toneladas, nuestra capacidad de cubrir dichos pedidos es de 960.000 toneladas ¿Qué pasa con el maíz faltante? Sin autorización para importar, sin permiso para usar, el Gobierno da paso al mercado ilegal al que recurren los productrores”.


Alejandra Crespo/Plataforma Ciudadana Bolivia Libre de Transgénicos

“Es importante reconocer el contexto internacional y la guerra esta impactando las economías, no nos olvidemos que Ucrania y Rusia son los principales graneros del mundo que no usan transgénicos. En el caso de Bolivia se habla de seguridad alimentaria, pero para eso debe haber acceso a una diversidad de alimentos inocuos y nutritivos, eso no pasa. Los datos lo confirman pues, la matriz productiva fue cambiando con una disminución de la producción de frutas, tubérculos, hortalizas y un aumento del cultivo de las oleaginosas. Donde el principal producto es la soya y los bolivianos no comemos solo soya, sino frutas y verduras. Nada más el año pasado en la importación de alimentos se destinaron $us 700 millones. Los transgénicos no fueron creados para aumentar los rendimientos, sino para ser resistentes a las plagas, eso se debe aclarar”.


Paola Román/Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB)

“Las empresas que tienen programas de investigación en el desarrollo de nuevas variedades de semillas tuvieron que cerrar debido a la ilegalidad. El productor compra tecnología, pero sin un respaldo técnico. Recibe un material ilegal (transgénico), pero no sabe los efectos que pueden tener estas semillas, dado que no se tienen una evaluación de calidad ante el ente regulador de calidad de semillas. Santa Cruz tiene un programa de semillas que controla la calidad de los cultivos. A pesar de este programa de control de calidad, el agricultor prefiere utilizar de forma obligada un producto que le ayude a bajar sus costos, pero eso no sucede porque el producto no tiene un respaldo técnico que indique cómo sembrar y el productor corre el riesgo de que su cultivo adquiera resistencia a nuevas plagas”.

Óscar Mario Justiniano/Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)

“La producción en Bolivia es de unas 22 millones de toneladas y ocupan un poco más de cuatro millones de hectáreas. Abarca hortalizas, tubérculos, frutas cereales y oleaginosas. Esta producción permite el desarrollo de la carne de pollo, de bovino y de cerdo. Los precios de los alimentos que producimos están acordes con el poder de compra de la población. Sin embargo, en trigo somo deficitarios, consumimos 480.000 toneladas anuales y apenas producimos el 30%. Necesitamos un sistema sustentable de producción que nos permita mejorar los rendimientos que en papa no llegamos a las siete toneladas por hectárea, en Perú son 25 toneladas, en Argentina con el uso de la biotecnología se está en 32 toneladas. Entonces, debemos tomar las previsiones para proteger nuestra producción. La demanda de alimentos a escala internacional se va a incrementar”.


Fernando Menacho/Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz


“La nueva política que se ha tomado con el CIAT es la de escuchar lo que diga el productor. Se suspendieron 14 proyectos que solo servían para mantener una estructura con investigaciones de hace 40 años y con cultivos que a nadie interesan. Centramos la atención en trigo, arroz, plátano y yuca, con 46 variedades que tiene el CIAT. Son paquetes que exige el sector productivo. Estamos debatiendo un tema entre nosotros, y el que debe dar una política de acción es el Gobierno, pero no lo hace. ¿Por qué hay ilegalidad? Por que no les interesa legalizar. No hay una política para la producción, por lo que el productor está a la mano de Dios. Todavía no se dan cuenta de que Bolivia puede vivir de la agroindustria. Entró la semilla transgénica ilegal porque no hay interés de un control y cuando se den cuenta ya un 98% de la producción será con transgénicos sin reglamentar”.


José Luis Llanos/Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Uagrm


“Debe haber un respeto al plan de uso de suelo. Lamentablemente, no hay un seguimiento adecuado por parte del Estado. Un aspecto para precisar, es cierto que los transgénicos fueron diseñados para reducir costos al usar menos herbicidas o plaguicidas. Les brindo un ejemplo para ver que también inciden en la productividad. Un maíz BT resistente al ataque de cogollero; entonces, cuando éste no ingresa a la mazorca esa planta va a estar más sana y con un mayor potencial de rendimiento. Los transgénicos son una parte más de las tecnologías de la producción; no lo resuelven todo, pero se deben sumar prácticas agrícolas adecuadas. Perú no produce con transgénicos, es cierto, pero lo importa para alimentar pollos. En Bolivia no necesitamos de una aprobación para el uso de los transgénicos, en la práctica lo que necesitamos es una regulación”.


Antonio Sanjinez/Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma)


“La alimentación es un derecho humano garantizado por el Estado. Este derecho tiene que ver con la posibilidad de comer alimentos sanos e inocuos y eso está ligado con el tipo de agricultura que se tiene y que en la actualidad cada año deforesta en el mundo unos 25 millones de hectáreas. En Bolivia se deforestan anualmente 300.000 hectáreas y no tenemos el estudio del impacto ambiental que genera esta actividad, pero sí tenemos una ficha ambiental para la construcción de una iglesia. En la actualidad los esfuerzos están centrados en los cultivos de exportación, la soya, que era marginal y llegaba al 13%, subió al 37%. Las mejores tierras se están destinando solo a los cultivos de exportación. La oferta de los tubérculos del 16% cayó a un 7%, en frutales del 7% al 4%, de hortalizas del 6% al 4%”.