El ex secretario de Obras Públicas de la Gobernación cruceña habla del descontrol en la ocupación de la tierra y del desastre ecológico como una consecuencia.
En 2012 se presentó un proyecto de ley ordenamiento territorial, luego de que la CPE de 2009, que cambió el modelo de gestión, el transitar de prefectura a gobernación, redujera competencias, entre estas la de control de la tierra y el territorio.
Entre 2009 y 2014, Luis Alberto Castro fue secretario de Obras Públicas de la Gobernación, con Rubén Costas, actualmente es miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). Desde la Gobernación impulsó la carretera que hoy está en conflicto, Km 13 - Buena Vista.
Según Castro, el ordenamiento territorial, una de las pocas competencias que quedaba a la Gobernación en materia de tierra y territorio, permitía controlar el uso de suelo en base a la capacidad de uso mayor (del PLUS), y del plan de ocupación de territorio, "que son las políticas que el gobierno local debe definir cómo se va a intervenir en el territorio".
Cree que se ha dado mucha distorsión del PLUS, una ley nacional desde 1995, que jerarquiza los suelos de acuerdo a su capacidad de uso.
- ¿Cuál fue el contexto de 2012, que frenó su proyecto de ley de ordenamiento territorial?
Viendo que a los gobiernos autónomos no les dejaban competencia, y que nunca fue convocada la Comisión Agraria Departamental (CAD), pese a que el gobernador insistió tantas veces, buscamos herramientas de control territorial, y una de ellas precisamente era la asignación del uso de suelo.
Nos enteramos que el gobierno de turno, a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera, estaba tratando de cortar toda relación de las entidades autónomas con el territorio, porque ellos manejan como les da la gana.
Cuando se enteraron de nuestro proyecto de ley empezaron a buscar al más débil para presionarlo, al productor, y generaron un registro de aquellos productores que tenían que ponerse en regla con los desmontes ilegales.
El Gobierno habilitó un registro, incluso condicionaba lo que iba a producir cada productor para permitirle declarar los desmontes ilegales y regularizar.
Cuando se enteró el Gobierno, empezó a presionar al productor, meter presos a dos productores en Montero y presionó a la CAO, de que si no paraban este proyecto de ley, no iban a arreglar el tema de los desmontes ilegales.
Por esa presión muy fuerte del Gobierno, la CAO solicitó al gobernador que no la presente todavía la ley. Esa amenaza del Gobierno, para que no entremos en una competencia que podía frenar la norma, es lo que después ocasionó los incendios de 2019.
- ¿De qué otras maneras afectó la presión?
Los productores forestales tenían concesiones de tierra en grandes extensiones por el plan de manejo de bosques. Bolivia llegó a obtener el sello verde con el proyecto Bolfor, y como era de Usaid también lo sacaron.
La industria maderera quedó diezmada con este Gobierno y muchos madereros devolvieron las concesiones, pero eran tierras de vocación forestal y, de haber existido esa ley, se hubiera obligado al adjudicatario a que siembre árboles y que explote el bosque en forma racional.
Al no haber esta ley, al final esto fue piedra libre, hubo desmontes, quemas, y terminamos con el incendio de la zona de la Chiquitania, por nada más que falta del control del suelo.
Esta ley preveía que en cada provincia haya una oficina del PLUS, con todos los mapas de la provincia, con todas las asignaciones de uso para mayor control en el uso de la tierra.
- ¿Eso no se supone que lo hace la ABT?
Eso debería ser, pero no se cumple. El INRA y la ABT son aliados del Gobierno.
- La Cámara Forestal tiene una preocupación de que se 'hurgue' el PLUS a una escala menor, porque el PLUS que se ha trabajado es a escala mayor
El PLUS está en una escala de 1 en 250.000, eso significa que un metro de la realidad representa 250.000. Entonces la escala es muy grande, no hay precisión.
Está previsto en la ley que cuando existan algunos problemas, para poder precisar el cumplimiento de la norma, los estudios de microcaracterización, que son estudios a una escala diferente, con mayor detalle, que vienen a ser lo que en su momento se llamaron los POP, planes de ordenamiento predial.
En ningún momento el PLUS va a ser un freno, sino más bien al contrario, viene hacer una garantía en la sostenibilidad del uso de la tierra, si somos racionales.
Lo que pasa es que muchos productores y algunos municipios no han seguido la lógica del PLUS, y pongo un ejemplo actual, cuando se oponen a la construcción de la carretera Buena Vista- Porongo- Km 13, se oponen porque han determinado en una ley última, que sacó el gobernador Costas, creando una Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN), pero si analizamos el PLUS, ya preveía desde el año 95 que esa zona es ASP1, agrosilvopastoril.
Esto quiere decir que la zona tiene restricciones, están prohibidos el desmonte mecanizado, la construcción de infraestructura tiene que ser con autorización, con estudio al detalle de cumplimiento de la norma ambiental, que no deben desviarse cauces de río y demás, y la carretera en sí no desvía ni hace un impacto grande, solamente en la franja de construcción, pero sí hay un impacto inducido, porque se supone que donde hay una carretera hay desarrollo, asentamientos humanos, pero eso es cuestionable porque los gobiernos municipales y la Gobernación pueden limitar el crecimiento de las comunidades que van a atravesar la carretera.
Sin embargo, en la propuesta de modificar para evitar la contaminación de la reserva de agua que produce Guendá Urubó, la carretera la proponen por la brecha del gasoducto, y lamentablemente ya hay urbanizaciones, y si se pone una carretera se va a superpoblar, no tienen alcantarillado, y más bien estamos dándole un infraestructura para que se desarrollen mucho más.
- El freno al proyecto de ley pasó en 2012, ¿por qué no se volvió a intentar?
Yo fui funcionario hasta el 2014, y lamentablemente la presión la sufrió el gobernador Costas, que apoyó en el proceso porque había que concientizar a todos los sectores productivos, pero como digo, mucha gente no entiende que la lucha que ha tenido el Gobierno Departamental en aquella época era una presión permanente del centralismo.
Todavía algunos de los que hemos sido funcionarios seguimos con juicios por más de 15 años, que no se resuelven, por lo que conocemos la política.
Entiendo de la posición del gobernador en su momento, la presión tan fuerte a los sectores productivos desde el Gobierno. De repente, si se hubiera aprobado la ley, si se hubiera puesto en aplicación, las consecuencias políticas hubieran sido duras, pero las consecuencias de la conservación del territorio hubieran sido buenas, y tal vez se hubieran evitado incluso el incendio que hubo en 2019.
- ¿Este proyecto nació de la Secretaría de Obras Públicas?
Claro, lo que pasó fue que en el nuevo modelo, fui secretario de Obras Públicas en febrero 2009 y solicité que Ordenamiento Territorial pase a Obras Públicas, cosa que muchos no vieron con buenos ojos.
Sin embargo, cuál era la filosofía, que todos los proyectos que se generen a partir del ordenamiento territorial, se puedan hacer realidad estando vinculados de forma directa a Obras Públicas, porque a veces se hacían buenos proyectos que quedaban en los anaqueles, y no había una buena coordinación con Obras Públicas.
Entonces, el plan de ocupación del territorio habla de una vinculación departamental, de una vinculación metropolitana, y si usted ve todo lo que ya se planteó en el plan de ocupación del territorio, son las obras que hasta ahora se siguen construyendo en la Gobernación, porque había una visión de desarrollo, coordinada con los planes operativos de Obras Públicas.
- Usted entró a la gestión cuando se desarrollaba la nueva CPE ¿No vieron venir esto?
Siempre fue privativa la dotación de la tierra, solamente el Estado dota, pero hubo un retroceso. Es decir, la Constitución hasta el 2009, cuando era Prefectura, el prefecto era prefecto y comandante general, tenía más atribuciones que el gobernador.
Muy hábilmente, con la Constitución nueva nos achicaron algunas competencias, y peor con la Ley Marco de Autonomías, porque cuando todavía estaba la Ley de Participación Popular, por ejemplo los municipios tenían jurisdicción y competencia en toda la sección de provincia, pero cuando salen la nueva Constitución y la Ley Marco de Autonomías, su competencia territorial es el área urbana, y ahí se genera un problema en cuanto a la planificación del territorio, porque como no tiene competencia en el área rural, los fraccionamientos se han dado al libre albedrío, y en el área metropolitana, que es una zona privilegiada, donde gran parte del territorio es agrícola intensivo, casi 100.000 hectáreas de tierra agrícola que se podían cosechar y sembrar dos veces por año, ahora son urbanizaciones que se han hecho en el área rural, y son urbanizaciones sin habitar.
La tierra ha pasado a ser un modo de inversión, de ahorro, uno se compra un lote, construye, y de aquí a cinco años lo vende, pero no puede titular porque está en área rural, porque en área rural la tierra no se puede fraccionar en lotes urbanos.
Entonces, necesariamente los municipios tienen que incorporar al área urbana, que agrandar su área urbana, para poder titular, y agarrarse problemas de infraestructura, educación, seguridad ciudadana, transporte, etc.
- Pero recaudan también, ¿no es lo que hace Porongo?
Pero recaudan poco, son políticas difíciles de implementar por la reacción de la gente al subirles impuestos.
- El freno al proyecto de ley de ordenamiento fue en 2012, y la base de datos del INRA muestra que desde entonces las resoluciones de asentamiento empezaron a repartirse
El Gobierno del MAS convirtió el INRA en una inmobiliaria, porque no solamente ha dotado a los interculturales, también ha servido para conocer dónde hay tierras fiscales, dotarlas para negociar con los productores, y ese descontrol ha llevado a un desastre ecológico en el Oriente, de ver quemas de madera preciosa para hacer los carbón.
Dan ganas de llorar al ver que esos interculturales han hecho hornos inmensos para quemar el bosque, y no ha habido ninguna sanción de las autoridades nacionales, ABT o INRA, en el control de la tierra, ha sido piedra libre.
- Cuál es la lógica del Gobierno con las carreteras cerca a las áreas protegidas o por comunidades interculturales, ¿la plusvalía de la tierra?
Hay dos cosas que son importantes, la política nacional de carreteras debe cubrir las necesidades más básicas, la interconexión de lo que existe.
La red fundamental conecta a las ciudades. No tiene por qué agarrar la ABC y hacer una carretera por el Tipnis, donde no se está uniendo a nadie, ni tampoco en Piso Firme, fueron capricho y presión de los interculturales porque esos lugares están llenos de colonias, ya han colonizado toda esa zona.
Prioritario es San Ignacio - San Matías, en la gestión que estuve en Obras Públicas se entregaron seis proyectos para que se hicieran Ignacio - San Matías, El Carmen Rivero Torrez - Santo Corazón, y La Gaiba, incluso, para hacer un circuito turístico.
Se entregaron el puente de Sagrado Corazón, en la zona de San Pedro, que ahorraría toda la vuelta de más de 100 km, para desarrollar el norte, son zonas agrícolas. Esos son los proyectos prioritarios, de acuerdo al plan de desarrollo que tiene Santa Cruz.
Bajo ningún concepto Faja Norte, que ahora entra hasta El Choré, tampoco tocar el Amboró, ni la carretera que va a Piso Firme, porque lo que han hecho es vulnerar el bosque, desmontar y crear colonias que ahora quieren carretera, es decir acelerar la invasión del Oriente, porque era difícil creer que en este país hubiera un programa de colonización.
Todo va amarrado a un sistema político muy bien craneado, donde el voto rural, donde ellos van haciendo asentamientos, vale mucho más que el voto urbano, y eso los políticos no lo ven ni lo combaten.
El mapa electoral, el censo que no lo quieren hacer porque georreferenciando sabemos dónde está realmente la población, y en base a eso verificar también la circunscripciones electorales, en función de la población.
- Manchas urbanas, se dice que donde las cosas no están claras hay avasallamientos
El tema del crecimiento urbano es un crecimiento natural, pero que se puede planificar. Santa Cruz se hizo como una ciudad jardín y no fuimos capaces de corregir a tiempo algunos sectores, y la presión por la construcción, que es el rubro más grande en inversión en este momento, ha obligado a que zonas de baja densidad, donde los terrenos eran grandes, con poca gente, y las calles angostas, se ha permitido mayor densidad con edificios, creando un conflicto de tráfico.
Eso pasa en Equipetrol, todas las calles eran un desagüe que llega al Canal Isuto, a partir de la San Martín, en base al ancho, que no tiene más de 6 m de calzada, y 3 m a cada lado de acera, se están permitiendo edificaciones de cinco pisos.
La mayoría de los controles de los edificios no tiene los parqueos suficientes y algunas calles que tienen un poco más de 15 m de ancho, las llaman colectoras, están permitiendo hacer edificios de 15 pisos.
Entonces, con un índice de aprovechamiento mayor de la superficie en altura, eso crea un conflicto, cuando uno diseña una zona, hay que pensar lo más importante, las vías, porque son determinantes después para hacer modificaciones estructurales. Ya Santa Cruz preveía que dejar 5 m de jardín era por si en algún momento había que expropiar y ensanchar las calles, pero mucha gente no lo cumple.
Ahí viene el problema, el crecimiento urbano se lo pudo haber planificado más bien potenciando a las comunidades alrededor de Santa Cruz, pero bien interconectadas, no esperar que cuando se urbanice haya una sola mancha urbana, porque al final de cuentas crea más conflicto y estamos perdiendo áreas productivas.
- El Urubó, área rural, fue parcelado
El Urubó tiene derecho a crecer, pero tiene que ser bien planificado, es decir, yo no me opongo, y el puente es un vínculo.
El Urubó nació con una ordenanza, creando el pueblo Colinas del Urubó, pero evidentemente, el éxito inmobiliario que significó Colinas, despertó el interés de gente que invierte, y fueron abriendo mayor desarrollo y hubo una etapa evidentemente de descontrol.
Evidentemente hubo descontrol en la aprobación de urbanizaciones por la presión económica, y lamentablemente las autoridades han sido cómplices.
