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Mié, Oct

Gobierno no anulará proyecto de ley anti legitimación

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El Gobierno decidió enfrentar a los sectores que cuestionan el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y no anulará la norma pese al ultimátum de 72 horas.

La viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, afirm

ó ayer que «no se puede anular algo que todavía no fue promulgado y no se pueden pedir aspectos que se modifiquen cuando no están incorporados en la normativa».

La autoridad gubernamental defendió el contenido el proyecto de ley que fue paralizado en su debate en la cámara de Senadores.

«Han hecho mención a aspectos que supuestamente estarían en la norma que cuando se les ha pedido y se les ha demostrado artículo por artículo si existen las mismas asociaciones y las mismas personas que están haciendo la socialización se han dado cuenta que han sido engañadas», dijo Espinoza en conferencia de prensa.

Según explicó, en las reuniones de socialización con organizaciones sociales que objetan la norma, se hizo conocer que Bolivia está en riesgo de ingresar a una «lista negra» que podría causar la paralización de operaciones económicas a empresas que envían remesas, comercio exterior y uso de tarjetas de crédito y débito.

Gremiales, transportistas, profesionales, evangélicos, abogados, comités cívicos, políticos y otros sectores observaron que el proyecto de ley es un instrumento de persecución política porque extralimita los poderes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dependiente del Ministerio de Economía.

El lunes se realizó un paro cívico y movilizaciones en contra de esta ley en las principales ciudades de Bolivia, aunque el Gobierno interpretó como una conspiración en contra del presidente Luis Arce.

Sectores como los mineros cooperativistas, transportistas y gremiales también dieron un plazo de 72 horas para que el Gobierno «archive» la norma de lo contrario organizarán otras movilizaciones.

La norma, según abogados constitucionalistas, presume de la culpabilidad de todos dejando de lado la presunción de inocencia garantizada por la Constitución.

Espinoza ratificó que sólo los «sujetos obligados» tendrán que presentar «reportes de operaciones sospechosas efectuadas o tentadas sin límite de monto» y éstos son, según la norma, «toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros…».

Esos «otros» sujetos obligados serán incluidos por la UIF mediante una resolución administrativa.

La viceministra Espinoza también afirmó que el proyecto de ley no es una copia de una norma de Venezuela, sino que cumple con 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Explicó que las leyes vigentes en otros países como Chile y México tienen los mismos parámetros que establece el proyecto de ley del Gobierno.

“Nuestro proyecto de ley cumple con las recomendaciones que también cumplen otros países y que ya figuran en sus normas” afirmó. (Brújula Digital)

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