02
Jue, Feb

Por acciones intolerantes Ponchos rojos atentan contra derecho a la vida

Actualidad
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Condenan manifestaciones de intolerancia y violencia registradas, en los últimos días, en las afueras del penal de máxima seguridad de Chonchocoro. > Ven que grupos apostados en puertas del centro penitenciario demuestran la incapacidad de instituciones gubernamentales para el resguardo y cuidado de cárceles.


La senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, lamentó que mediante acciones intolerantes se atente contra el derecho a la vida del gobernador cruceño, Fernando Camacho, condenando así la libertad con la que operan grupos violentos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), como los denominados “ponchos rojos”.
La parlamentaria cruceña condenó las manifestaciones de intolerancia y violencia registradas en los últimos días en las afueras del penal de máxima seguridad del altiplano paceño, donde grupos aliados del Gobierno han instalado un cerco para evitar el ingreso de parlamentarios, familiares y asistencia médica para la primera autoridad departamental de Santa Cruz.
“Existen milicias, grupos de choque y ponchos rojos que se han posicionado en el ingreso de este penal impidiendo la entrada de visitas, medicamentos y asistencia. El derecho a la vida es fundamental, por lo tanto lo vamos a defender y precautelar”, dijo.
En criterio de Rek, la presencia de estos grupos de choque en el recinto penitenciario busca amedrentar e intimidar a ciudadanos que voluntariamente desean expresar su apoyo a la autoridad cruceña, pero lo más preocupante es que estas medidas perjudican también el paso de servicios fundamentales para la salud.
“Con este tipo de actos se está atentando contra el derecho a la vida del gobernador Fernando Camacho que se encuentra injustamente secuestrado y recluido en este penal”, recordó.
Al respecto, el diputado Alejandro Reyes, cuestionó la presencia de estos grupos, señalando que la policía es la única instancia encargada del resguardo de los centros penitenciarios, por lo que otro tipo de organizaciones en el lugar, se constituyen en una violación a las normativas vigentes.
“Los Ponchos Rojos no solamente cometen un amedrentamiento contra Fernando Camacho, incurren en un delito, ya que ellos no son la autoridad que por ley debe resguardar las cárceles del país. Desde el Gobierno se fomenta el odio entre los bolivianos mediante grupos minoritarios pagados”, aseguró Reyes.
Sobre las declaraciones del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en las que la autoridad agradece a estos grupos por el resguardo a las instalaciones de Chonchocoro, el parlamentario paceño señaló que se trata de una muestra de la inexistencia del Estado de Derecho y la “incapacidad de instituciones gubernamentales para el resguardo y cuidado de este penal”.
Rek añadió que, este tipo de actos demuestran la desigualdad en el trato que se da a grupos que responden a los intereses del poder, frente a otros que reclaman la vulneración de derechos y la libertad para su gobernador, como ocurre en la actualidad en el departamento de Santa Cruz, donde la población es víctima de abuso por parte de las fuerzas represivas del Estado.
“Existe un diferente tratamiento que se hace a los que protestan en Santa Cruz por la liberación del gobernador y por situaciones que son anormales, a quienes se les ha mandado toda la fuerza de la policía, mientras los ponchos rojos tienen total libertad de atentar contra la vida sin que algún oficial policial ponga orden”, repudió la senadora.
Ayer, tras la finalización de una audiencia virtual en la que se negó la acción de libertad presentada por la defensa de Camacho, grupos afines al MAS y ponchos rojos increparon a uno de sus abogados e impidieron su salida del centro penitenciario.
Así mismo, sectores sociales cercanos al oficialismo como la Fejuve de El Alto y asociaciones gremiales de esta ciudad, bajo la consigna de ser “auto convocados”, llegaron hasta puertas de este penal exigiendo una sentencia de 30 años de reclusión para la autoridad departamental. Al terminar la movilización anunciaron la instalación de una vigilia permanente hasta que la justicia cumpla su pedido.
Esta permisividad con grupos de choque violentos fue criticada por representantes de oposición, señalando que tarde o temprano las autoridades de Régimen Penitenciario deberán responder por la presencia de estos movimientos, al grado de agradecerles el “colaborar con la administración penitenciaria”.