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Dom, May

Alcaldía de San Ignacio pide informe al INRA sobre situación de colonos en área protegida Bajo Paraguá

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Mientras que el INRA no se pronuncie se postergará la inauguración del mojón que delimita esta zona de protección creada recientemente
Silvana VincentiEl alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, dirigió una carta a la dirigencia de la Central Sindical de Trabajadores de la Comunidad San Martín, indicando que la inauguración del mojón que delimita el Área Protegida Bajo Paraguá se postergará hasta que el INRA responda oficialmente por la situación de los colonos que dicen habitar el lugar. 

Inicialmente, Salces firmó un acuerdo con los colonos que bloquearon la inauguración del mojón, abriendo la posibilidad de que fueran incluidos en el plan de manejo del Área Protegida (AP). Sin embargo, posteriormente, en el acto de convenio del plan de manejo, realizado en la comunidad Picaflor, el alcalde aclaró que esta inclusión estaría supeditada al estado legal de las comunidades de colonos.

La semana pasada, Salces viajó acompañado de una comitiva de prensa y organismos ambientales para inaugurar los mojones; sin embargo, un grupo de interculturales lo bloqueó por cuatro horas, exigiendo que sean incluidos los nombres de las supuestas siete comunidades pre existentes antes de ser AP. Caso contrario, retirarían el mojón.

"Informamos que hemos solicitado al INRA la información sobre el estado de los supuestos asentamientos de las comunidades Los Cedros, Rancho Grande, Satélite, Villa Verde, San Salvador, 15 de octubre y Nueva Generación, dentro del área protegida. Mientras que el INRA no se pronuncie y no contemos con información oficial, en respuesta a nuestra solicitud, el mojón se mantiene y se posterga su inauguración", dice la misiva.

Esta semana, la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) emitió un informe, con respaldo de análisis satelital multitemporal, en el que dejan en claro que los desmontes, solo de brechas, empezaron en noviembre de 2020, tras las elecciones, afectando hasta el momento 67 hectáreas dentro de la zona protegida municipal. 

Asimismo, EL DEBER viajó hasta la zona y verificó brechas abiertas donde no había asentamientos, pero sí asignación de territorio, con letreros, a comunidades como Satélite, Rancho Grande y Los Cedros.