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Mar, May

Ministerio no responde sobre pasivos en Bermejo y Caraparí

Medioambiente
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El representante de la OTB de San Alberto, Rodolfo Fernández, dijo que la empresa realizó un movimiento de tierras, pero hasta la fecha ni el Gobierno ni la Gobernación rindieron un informe.

Los comunarios de Bermejo y Caraparí indicaron que hasta la fecha no recibieron un informe oficial por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sobre las consecuencias en el medio ambiente después de los derrames de hidrocarburos que se denunciaron en las zonas.

En el caso de Caraparí, las familias de la comunidad de San Alberto denunciaron el abandono por parte de las autoridades y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras el derrame de hidrocarburos el 23 de octubre. El representante de la Organización Territorial de Base (OTB) de San Alberto, Rodolfo Fernández, dijo que la empresa realizó un movimiento de tierras, pero hasta la fecha ni el Gobierno ni la Gobernación rindieron un informe.

“Todavía hay grasa en la quebrada, hay aceite en la tierra. Hasta ahora nosotros no hemos podido ir hasta Tarija a preguntar a la Gobernación si recibieron una respuesta por parte del Gobierno y hemos llamado, pero no nos contestan. La empresa petrolera hizo algunos movimientos, pero ahí no más se quedó”, expresó.

Los animales presentaron síntomas de enfermedad y los comunarios temen que las consecuencias en su salud sean a largo plazo con enfermedades crónicas como ciertos tipos de cáncer. Están asustados.

El asambleísta, Wilfredo Sulca, sostuvo que se tuvo una serie de encuentros entre Petrobras, la comunidad de campesinos, la Subgobernación y la Alcaldía de Caraparí para coordinar las acciones para frenar el impacto ambiental después del derrame de hidrocarburos. La versión de los comunarios está dividida. Algunos dicen que la empresa realizó un control y otros – aquellos que no tienen un contacto directo con los dirigentes- dicen lo contrario.

“Algunos de la comunidad han manifestado no estar de acuerdo con el trabajo que se avaló el programa de Petrobras sobre la contaminación de la quebrada El Manantial, pero debo decir que no solamente es ese el tema medio ambiental sino una serie de situaciones como en la construcción de la carretera a Caraparí”, explicó Sulca.

Por otro lado, también hubo denuncias sobre el derrame de pasivos ambientales en la zona donde opera las empresas Pluspetrol y YPFB en Bermejo. Algunos medios de comunicación de Argentina hicieron responsable a YPFB por no mitigar los daños, pero el asambleísta por este municipio, Daniel Carvajal, aseguró que no conoce del tema y que todo está bajo control.

Una comisión de la Gobernación fue a verificar este hecho e identificó un derrame antiguo que afecta al río Bermejo, pero no una nueva afectación. El derrame de combustible fue denunciado en enero de la presente gestión y el concejal de la localidad de Aguas Blancas, ciudad fronteriza de Argentina, Alejandro Guzmán, alertó que el derrame desemboca en el río cuya corriente llega a territorio del país vecino.

Pozo X2 en Bermejo

En la zona del pozo SAL-X12, quebrada El Manantial en la comunidad de San Alberto, un ducto que transportaba hidrocarburos sufrió un derrame en la vertiente principal de Caraparí y derivó en la contaminación del medio ambiente en octubre del 2018. A partir de allí, Petrobras, la transnacional responsable, ordenó cerrar el pozo para evitar problemas mayores, pero el daño ya estaba hecho. Se derramaron 1.082 litros de hidrocarburos con concentración del 12,8 por ciento.

Los estudios de la calidad del agua de la quebrada a cargo de la Gobernación concluyeron y los resultados fueron preocupantes. Según la normativa de Medio Ambiente, en cuanto al porcentaje permitido de grasas y aceites en el agua es de 10 miligramos por litro y se encontró 350 miligramos. En cuanto al porcentaje de hidrocarburos, lo establecido es 20 miligramos por litro y se tiene 425 miligramos.

Pasaron siete meses del derrame y los comunarios indicaron que no recibieron mayor ayuda que algunos movimientos de tierra. Sin embargo, las autoridades municipales y departamentales manejan otra versión. Ellos afirman que todo está bajo control.