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Jue, Jul

Silencio de autoridades ante agresión sistemática a las áreas protegidas

Medioambiente
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Tariquía, Noel Kempff Mercado, Madidi, Laguna Concepción, Tipnis y ANMI San Matías son blanco del narcotráfico, la deforestación, agroindustria, exploración hidrocarburífera, minera, etc. Algunas de ellas ya dan señales de daño ambiental
Silvana Vincenti, Eduardo Ruilowa

Con armas de fuego y a balazos. A ese nivel ha llegado la lucha dentro de las áreas protegidas entre los originarios defensores ambientales y los mineros que invaden lugares históricamente ‘sagrados’, como el Parque Nacional Madidi.

Hace unas semanas, la minería ilegal en Apolo dejó ocho heridos, dos secuestrados y la quema de 20 viviendas. Sin embargo, el problema es estructural, ya que informes de organizaciones como el Centro de Documentación e información Bolivia (Cedib) muestran un alarmante incremento en el uso del mercurio en la minería del oro, práctica que violenta el compromiso de Bolivia con el Convenio de Minamata

A esta denuncia, incluso, se ha unido el relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, e informes de organizaciones como Reacción Climáticas, que probaron la presencia y los efectos del mercurio en los pueblos indígenas.

A pesar de la escalada de gravedad, la nueva directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Carmen López, solo informó que la entidad evalúa una intervención contra la minería ilegal en el norte paceño. “Seguro lo vamos a hacer cuando corresponda”, indicó tras ser posesionada, además de responsabilizar al “Gobierno de facto”. López también aseguró que están “a punto” de realizar gestiones con respecto a este tema, y que pronto saldrán a la luz.

Desde su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce habló de la firma de un acuerdo que se constituye en importante alianza con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), para “seguir fortaleciendo las reservas internacionales en oro y reforzar la lucha contra la minería ilegal”. 

Por su parte, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), lanzó un ultimátum al Gobierno de Arce, para destituir a la recién posesionada directora de la AJAM.

Otra exigencia minera es la rezonificación de las áreas protegidas para expandir la actividad minera. Una de las más codiciadas es el Parque Nacional Madidi, uno de los más biodiversos del mundo, se le quiere ‘ablandar’ la zona ‘núcleo’ o de máxima protección, según manda el plan de manejo.

Ramiro Balmaceda, presidente del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman), aseguró que algunas áreas donde operan sus afiliados ya son “obsoletas” porque el oro se termina. Reconoció que la actual zonificación de áreas protegidas obstaculiza realizar ciertas actividades extractivas. 

Violencia en Tariquía
Otro informe del Cedib dejó en evidencia que con una resolución de 2014 se aprobó un nuevo plan de manejo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (2014/2025), y se dio curso a una licencia ambiental para actividades extractivas petroleras en zonas no permitidas.

Con el nuevo plan de manejo se altera la zona de protección estricta como la de uso moderado, donde pueden realizarse actividades económicas.

Las tres subcentrales de Tariquía cuestionaron el rol del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ente a cargo, de asumir un rol permisivo y fuera de la norma, además de ignorar los reclamos y protestas de la población de la reserva.
También denunciaron que en otro punto de Tariquía, en el Cajón, existan operadores políticos, asalariados de las petroleras, que abusan de las pocas familias que habitan el lugar.

Según José Humacata, coordinador en la plataforma internacional Unidos por Tariquía, esta agresión sistemática y simultánea a varias áreas protegidas tiene que ver con la crisis económica que atraviesa el país. “Hemos visto tanto despilfarro y corrupción, que no han sido sostenibles, incluso la política de hidrocarburos, es por eso que recurren a la explotación de materias primas en nuestras áreas protegidas”.

Dijo que la mayor frustración es que en Tariquía solo hay el 15% de probabilidad de éxito para sacar gas comercial, con una inversión es mayor a $us 700 millones. “Entonces, estamos pensando que si no es fracking, están haciendo elefantes blancos con este tipo de explotación, para continuar con actos de corrupción, porque de otro modo no vemos sostenibilidad”, apuntó.

Arremetida minera
Otro parque nacional amenazado por la minería es el ANMI San Matías, donde se autorizó el ingreso a la empresa Mincruz, para la explotación de manganeso.

El director del área protegida, Mauricio Morales, en entrevista con la Revista Nómadas, aseguró que hay preocupación de su parte y del Sernap, ya que se logró caducar la licencia ambiental de Mincruz, pero la empresa apeló al Viceministerio de Medioambiente y existe una sentencia constitucional que obliga a dar la licencia.

Curiosamente, el permiso autoriza el trabajo en una zona de producción forestal que no permite minería ni desmonte. Morales reconoció que el sitio donde se pretende explotar minerales es una cabecera que alimenta los cursos de agua de Santo Corazón, San Fernando y de todo el Pantanal.

Asimismo, Mincruz cuenta con un permiso de desmonte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT), que afectará a 20 hectáreas.

En los últimos años, desde 2019, el ANMI San Matías es uno de los puntos con mayor daño debido a los incendios forestales, que fueron un prólogo de estos permisos de explotación minera.