En su informe preliminar, la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó replantear el rol de la Asamblea Legislativa en el proceso de preselección y sugirió la conformación de una comisión externa de expertos para la evaluación de los postulantes.

“Se debe replantear el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el proceso de preselección de candidatos/s, evaluando la posibilidad de incorporar a esta etapa a un comité técnico especializado compuesto por expertos imparciales, quienes aseguren una evaluación basada en méritos y capacidades”, dice una de las consideraciones.

Una delegación de 17 expertos, liderados por el exrelator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, llegó al país a inicios de diciembre para acompañar las elecciones judiciales que se llevaron a cabo de forma parcial este domingo.

Otra de las recomendaciones que hace es la sistematización urgente de la normativa mediante la aprobación de una ley marco clara, precisa y de fácil comprensión, que regule todas las etapas y aspectos de la preselección, selección y elección de autoridades judiciales. Que esté en el marco de la transparencia, publicidad y objetividad.

Además, proponen aplicar mecanismos efectivos de transparencia activa y máxima publicidad, garantizando la publicación oportuna de documentos y antecedentes de los postulantes, estableciendo un canal permanente de comunicación entre las veedurías ciudadanas, las comisiones evaluadoras y la ciudadanía.

Con relación a las impugnaciones, sugieren establecer un régimen claro, accesible y efectivo con el objetivo de reducir la judicialización en las altas cortes y preservar la imparcialidad de las decisiones. 

Finalmente, plantean reformar el sistema de elección de candidatos por circunscripción departamental del TCP y TSJ ya que pueden comprometer la independencia judicial.

Concluir elección de magistrados

Por otra parte, los observadores consideran que es importante concluir con la selección de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante un mecanismo que esté apegado a la Constitución Política del Estado (CPE).

“La Misión hace un llamado enérgico a todas las instituciones bolivianas a buscar, de manera urgente, una solución que permita concluir con la selección de las y los integrantes pendientes del TSJ y el TCP, a través de un mecanismo estrictamente apegado a la Constitución Política del Estado”, dice en la parte de las consideraciones.

En el informe también señalan que los entrevistados por los observadores no están de acuerdo con la forma en que se lleva a cabo la elección de los magistrados, por lo que sugieren a las autoridades de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil trabajar en un sistema alterno que corrija los errores y garantice la sostenibilidad de las soluciones.

“El modelo vigente ha demostrado sus limitaciones y su evaluación integral debe ser una prioridad ineludible para fortalecer la independencia judicial, la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones del país. Además, los aprendizajes extraídos de esta experiencia pueden servir de referencia para otros países que consideran implementar sistemas similares, evitando así reproducir sus efectos”, precisa el documento.

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El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, dijo que se culminaron “una de las elecciones más complejas de la historia reciente” y celebró que, por primera vez en las elecciones judiciales, se impongan los votos válidos, atribuyó la participación al rechazo “a quienes intentaron socavar la democracia”.

Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, los departamentos que aún faltaban, concluyeron el cómputo total de sus actas la jornada pasada y con ello se conoció a los nuevos altos magistrados que administrarán la justicia boliviana.

“Culminamos una de las elecciones más complejas de la historia reciente. El pueblo boliviano le dijo no a quienes intentaron socavar la democracia e intentaron frenar no solo las elecciones, sino también las atribuciones y facultades del OEP”, dijo Vargas a través de sus redes sociales.

Las elecciones judiciales fueron dilatadas y obstaculizadas desde el año pasado, principalmente por los fallos de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes al final decidieron autoprorrogarse en sus cargos.

“Saludamos la vocación democrática de la ciudadanía por la participación multitudinaria y pacífica el 15/12. Llamamos a quienes fueron electos a respetar la Constitución Política del Estado, la independencia de poderes y la soberanía popular”, pidió el vicepresidente del TSE.

En 2011, cuando se realizó la primera elección judicial, se registró 57% de votos nulos y blancos; en 2017, 65%. Por la alta cantidad de rechazo, estos comicios fueron catalogados como los que menos le importan a la gente.

“Por vez primera, en una elección judicial se imponen los votos válidos sobre los votos nulos y los votos blancos, lo que aporta legitimidad al proceso electoral y a sus candidatos y candidatas”, resaltó el vocal Vargas.

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Toribia Lero, sostuvo que la participación de la población es el resultado a un rechazo a los candidatos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

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El magnate boliviano Marcelo Claure, presidente de Baisa y reconocido por su rol al frente del club Bolívar, declaró que su única razón para ingresar a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro sería para liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Estimado diputado Cuéllar, la única vez que pondré un pie en Chonchocoro será para abrir la puerta y asegurar la liberación de Luis Fernando Camacho como prisionero político”, escribió Claure en sus redes sociales, respondiendo así a las advertencias del diputado Rolando Cuéllar, de la facción del MAS leal al presidente Luis Arce.

Cuéllar presentó una denuncia penal contra Claure, acusándolo de delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Según el diputado, el empresario habría obtenido una ganancia de 10 millones de dólares por la reventa de 12.070 entradas para los partidos de la selección boliviana durante el Mundial de Fútbol de Estados Unidos en 1994.

“Marcelo Claure, nosotros le decimos acá, desde Bolivia, que la próxima encuesta que saque va a ser desde la cárcel de Chonchocoro porque no vamos a permitir una segunda encuesta que esté manipulada y mienta al país”, afirmó Cuéllar, en alusión a la financiación por parte de Claure de un sondeo de percepción política.

Escenario político

En las últimas semanas, Marcelo Claure ha sido objeto de críticas desde sectores oficialistas tras patrocinar una encuesta que identifica a los líderes opositores mejor posicionados para enfrentar al MAS en las elecciones generales de 2025. Esto ha intensificado la polarización entre el oficialismo y la oposición, marcando un nuevo episodio de tensión en el panorama político boliviano.

Por otro lado, el encarcelamiento de Luis Fernando Camacho en Chonchocoro ha generado un amplio debate sobre la judicialización de la política en Bolivia. Camacho, acusado de promover el paro cívico de 2019, es considerado por sus aliados como un prisionero político, una postura que Claure parece compartir y que ha reforzado con su reciente declaración.

El magnate también expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica en el país, señalando que esto disuade a empresarios y líderes de invertir o regresar a Bolivia. “No hay seguridad jurídica en Bolivia, y las amenazas solo buscan intimidar a quienes queremos un país mejor”, indicó en una reciente publicación.

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Bolivia cerrará el 2024 con los mismos indicadores o probablemente con un incremento respecto de 2023, de acuerdo con un balance presentado por la Fiscalía General del Estado. Ante este escenario, los especialistas lamentan la “debilidad institucional” del sistema judicial del país para sancionar y prevenir esta tendencia que daña a la sociedad boliviana

Hasta el 16 de diciembre, el Ministerio Público registró 81 feminicidios y 33 infanticidios, con los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba liderando estas trágicas estadísticas. En La Paz, se reportaron 22 casos de feminicidio y 17 de infanticidio, convirtiéndola en la región con mayor incidencia de estos delitos.

Entre los casos más conmovedores está el de Kamila, una joven de 23 años asesinada por su pareja el 15 de octubre en Caranavi. Mientras Kamila pasaba clases en la Escuela Superior de Formación de Maestros, su agresor ingresó al aula, comenzó a discutir con ella y terminó apuñalándola múltiples veces frente a sus compañeros. El hombre fue detenido y condenado a 30 años de cárcel. Los testigos del ataque quedaron profundamente afectados y este caso desnudó falencias de las entidades judiciales para atender oportunamente denuncias de la población vulnerable y brindar protección a las víctimas.

Otro caso impactante ocurrió el 11 de febrero en el municipio cruceño de La Guardia, donde Samuel Velasco Dávalos asesinó a su suegra y cuñada cuando intentaban proteger a su esposa de ser ultrajada y golpeada. El hombre, bajo los efectos del alcohol, atacó con un cuchillo, dejando a la familia devastada. Fue capturado y también condenado a 30 años de prisión, tras un juicio que fue abreviado.

Pero, no todos los casos vinculados con la violencia a la mujer merecen trato inmediato. Este año, varios agresores, especialmente familiares de las víctimas lograron evitar a la justicia a meced de jueces corruptos.

Jessica Echeverría, jurista de la Red Ciudadana Contra el Abuso Sexual Infantil y la Violencia, señaló que los feminicidios e infanticidios siguen en aumento debido a la “debilidad institucional” del sistema judicial boliviano.

“Fallos a favor de agresores y la falta de recursos para organismos como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia contribuyen a la impunidad”, afirmó. Echeverría enfatizó la necesidad de una reforma judicial que priorice la protección de las mujeres y niños.

El Fiscal General, Róger Mariaca Montenegro, alertó sobre la gravedad de estos crímenes y llamó a trabajar en conjunto para prevenirlos. “Estos índices realmente llaman la atención, pero la prevención debe ser una tarea conjunta entre instituciones y familias”, declaró. Sin embargo, el escenario refleja un panorama desalentador: desde 2013, se han registrado 1.250 feminicidios, y el incremento sostenido en las cifras muestra la persistencia de esta problemática en todos los departamentos del país, pero especialmente en el eje central.

Pero cada feminicidio e infanticidio deja tras de sí historias de dolor y vacío. La familia de Kamila y los hijos de las víctimas en La Guardia son ejemplos de cómo la violencia destroza vidas y deja secuelas psicológicas irreparables. Los especialistas coinciden en que el fortalecimiento de la justicia es vital para detener esta cadena de tragedias que sigue marcando a la sociedad boliviana. Además, estos hechos anulan las capacidades de una sociedad.

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Tras la presencia del escritor argentino, Cristián Rodrigo Iturralde, en ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para la presentación de una de sus obras, legisladores calificaron como un hito la difusión de material que no sea de izquierda o progresista, en un espacio que apela, desde su propio diseño, a la narrativa del indigenismo para dividir al país, afirmando además que se trata de una señal de que los tiempos cambian.

La semana pasada, en instalaciones del nuevo edificio legislativo, Iturralde presentó una nueva obra denominada “El libro negro del indigenismo”, en el que aborda la problemática de los movimientos políticos que buscan apoderarse de las banderas de los pueblos indígenas para fines separatistas y guerrilleros.

“Fue un hito, ya que jamás se ha difundido literatura que no sea de izquierda o del progresismo en esta organización estatal, más aún, de la altura del escritor e investigador reconocido a nivel internacional”, expresó el diputado Pablo Arízaga.

“El hecho de tener esta presentación en el mismo espacio que usan para instrumentar el ‘indigenismo’, es porque los tiempos cambian y vienen nuevos aires en la lucha cultural. Pronto se acabará esta historia falsa y negra que utilizan para la toma del poder”, agregó el diputado de tendencia liberal.

Iturralde llegó al país en una gira que incluyó a Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En la sede de Gobierno, el autor argentino estuvo presente en el Legislativo, pero también en la Cinemateca Boliviana donde dio otra charla sobre su investigación, que recopila datos y fuentes de todo el continente para demostrar que quienes usan a los pueblos originarios en esta construcción de indigenismo, son las élites intelectuales de líneas marxistas y socialistas.

Para el promotor de este evento y propietario de Libertad Literatura, Álvaro Chipana, este fue un logro contra el comunismo y quedó un mensaje claro a la sociedad, sobre el rechazo a la instrumentalización de las comunidades indígenas como herramientas políticas al servicio del socialismo.

“Me siento profundamente orgulloso de ser un agente de cambio en la sociedad boliviana, trabajando por fomentar un cambio cultural, defender las ideas de la libertad y generar transformaciones desde dentro. Al introducir un ‘caballo de Troya’ en un espacio de pensamiento izquierdista, buscamos cambiar la percepción pública y promover la defensa de la verdad, fortaleciendo los valores de una sociedad libre”, expresó Chipana.

Desde sus redes sociales, el escritor agradeció el recibimiento y los reconocimientos otorgados en el país. “Bolivia tiene futuro y guerreros asegurados, tanto en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y La Paz. Tenemos que apoyarlos”, citó.

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Bolivia habría gastado aproximadamente Bs 500 millones en las tres elecciones judiciales que se desarrollaron en el país, según el exasambleísta constituyente Jaime Hurtado. El exconstituyente señaló que Bolivia tiene una de las justicias más caras del mundo y, pese a ello, lamentó que no haya mejorado.

“Son 430 millones (de bolivianos) en las tres versiones y todavía falta la que queda de los autoprorrogados, que ya dijo el vocal Tahuichi Tahuichi que serían otros 120 millones”, indicó Hurtado, según el reporte del periodista Iván Ramos de la red ERBOL.

La modalidad de elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante el voto popular, fue impulsada en el gobierno de Evo Morales. La primera elección se desarrolló en octubre de 2011, luego en diciembre de 2017 y la última debía realizarse en 2023, pero se prolongó hasta este 15 de diciembre de manera parcial, debido a que solo se elegirán a 19 de las 26 autoridades judiciales, lo que generó gran preocupación en varios sectores.

“De tal manera que queda pendiente, por si acaso, entonces son 120 millones más. Conclusión, lo que ha sucedido en Bolivia es que esta forma de elegir a las autoridades del más alto poder del Estado resulta carísima. Sería la justicia más cara del mundo”, lamentó el exconstituyente.

Para Hurtado, la forma de elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial debería volver a la “designación congresal”, pero con algunas modificaciones en el reglamento, tal como se hace en varios países.

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