Un operativo policial y militar en Mairana logró liberar la carretera que conecta Santa Cruz con los Valles cruceños y Cochabamba, bloqueada desde hace ocho días por grupos afines al expresidente Evo Morales. El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Rolando Rojas, informó que la intervención resultó en la aprehensión de 13 personas.

“Ingresamos alrededor de las 7:00 y consolidamos la operación a las 8:30. Ahora la transitabilidad está garantizada desde las 9:30”, señaló Rojas en un contacto telefónico con el canal estatal. 

El contingente de más de 500 efectivos policiales, con apoyo de 200 militares, retiró escombros y objetos utilizados para obstruir la vía, como piedras, palos y artefactos explosivos.

La operación se desarrolló sin resistencia directa de los bloqueadores. Los uniformados no encontraron a los manifestantes en la vía, pero sí inspeccionaron viviendas cercanas para descartar que estén ocultos.

El comandante señaló a Bolivia Tv que los 13 aprehendidos participaron activamente en los bloqueos y usaron explosivos y otros objetos peligrosos durante la protesta. “Identificamos a estas personas como responsables de incitar a la violencia y perjudicar a la población”, afirmó.

La operación no requirió el uso de gases lacrimógenos ni otros medios de disuasión. Un helicóptero sobrevoló la zona de la serranía para prevenir emboscadas y garantizar la seguridad de los efectivos. Pasadas las 9:30, camiones y vehículos varados comenzaron a circular por la ruta nuevamente.

Los bloqueadores habían mantenido cortada la ruta en demanda de soluciones a la falta de combustible y dólares, y en protesta por lo que consideran “persecución política” contra Evo Morales. La medida generó grandes perjuicios económicos en la región y afectó la distribución de alimentos y carburantes.

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Bolivia destinó en los últimos 12 años al menos 28.311.187 bolivianos en la compra de diferentes tipos de armas. Estas adquisiciones son legales y no solo fueron realizadas por el Gobierno, ya que también existen empresas privadas que compran armas para negociarlas legalmente en el país. La oposición observó la última adquisición de armas destinadas para la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

En los últimos años las protestas sociales en Bolivia se han generalizado. Las causas fueron diversas, pero con un común denominador, el descontento ciudadano por diferentes causas. Entre 2017 y 2021, se registraron 500 conflictos, según el conteo del Programa de Investigación en Conflictividad Social de la Fundación UNIR. En el primer trimestre de 2024 hubo 100 conflictos por mes.

Este último tiempo el país vive días de crisis por la situación interna que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS). Por un lado, los seguidores de Evo Morales bloquean algunos puntos en el departamento de Cochabamba y toman cuarteles militares y policiales en el trópico de Cochabamba. Por otro lado, los seguidores de Luis Arce piden al Gobierno emitir un estado de excepción en Cochabamba y a la Policía desbloquear las vías cortadas.

Según datos de la base del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia, desde 2012 a 2022, se importó el valor de Bs 19,8 millones en diferentes tipos de armas. En 2016 fue el año con más compras de armas: 4.022.064 bolivianos en adquisición de armas. En 2018 fue otra gestión con un monto mayor en compras de armas: Bs 3,4 millones.

Son 19 tipos de armas que se adquirieron entre 2012 a 2022. Están en la nómina las siguientes: pistolas con cañón único semiautomáticas, municiones y proyectiles para armas de guerra, “demás municiones y proyectiles”, “los demás cartuchos”, municiones y proyectiles para armas de guerra (segundo ítem), piezas de artillería, por ejemplo, cañones, obuses y morteros; ametralladoras; pistolas con cañón único, partes de cartuchos para armas largas con cañón de anima y sus partes; bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos; revólveres; armas largas con cañón nima lisa automáticas.

También están armas largas con cañón nima rayada semiautomáticas; “demás armas largas con cañón nima rayada semiautomáticas”; pistolas automáticas; bombas, granadas torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles; armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas; armas largas con cañón de nima rayada automáticas; armas largas de nima rayada de cerrojo; y piezas de artillería autopropulsadas.

Cargamento irregular

En septiembre de este año, se detectó en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, un cargamento de fusiles que llegó desde Turquía y que pasó controles de tres aeropuertos: el de Estambul, el de Bogotá y el propio Viru Viru. Las armas de guerra que fueron internadas sin la autorización del Ministerio de Defensa permanecieron 10 días en un almacén de la Aduana Nacional de Bolivia hasta la intervención policial y fiscal.

El armamento de guerra salió el 10 de septiembre del Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, con destino Bolivia, según detalla informe de la Aduana. Las armas de guerra estaban en el interior de 41 cajas de cartón con un peso total de 1060 kilos, son un total de 192 armas de fuego; 100, fusiles tipo AK-47, Cal. 7.62x39mm; 80, escopetas Cal. 12 mayor; 4, fusiles tipo M-4, Cal; 5.56x45mm; 2, sub-fusiles tipo SMG, Cal. 5.56x45mm; 4, fusiles tipo M-4, Cal. 9x19mm; 2, sub-fusiles tipo SMG, Cal. 9x19mm.

Una vez en dependencias de Depósitos Aduaneros de Bolivia se conoció que el cargamento estaría constituido en 41 cajas que habrían sido enviadas desde Turquía arribando al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en fecha 11 de septiembre de 2024; en su interior contendrían armas de fuego (...) y se verifica que existen armas de fuego de distintos calibres, con un total de ciento noventa y dos (192) armas de fuego”, detalla el informe.

El destino de la carga era para una empresa establecida en Santa Cruz de la Sierra, llamada Armour LLC Sociedad de Responsabilidad Ilimitada, por lo cual se realiza una investigación minuciosa a las personas vinculadas con aquella.

Grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) el 20 de septiembre tras evidenciar que no existía la documentación pertinente para su importación a nuestro país, procede con la incautación.

“Por todo lo vertido, en presencia de su autoridad, se procede al secuestro de las cuarenta y uno (41) cajas de cartón de diferentes dimensiones, que contienen armas de fuego de distintos calibres, de acuerdo a acta de secuestro de fecha 23 de septiembre de 2024, por el presunto delito de tráfico ilícito de armas”, señala el documento de investigación.

Armas para la Felcn

Autoridades del Ministerio de Gobierno, de la Policía Boliviana y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aterrizaron en la base aérea de Chimoré para la entrega de la “Primera Flota de Aeronaves y Equipamiento para el fortalecimiento de la Lucha Contra el Narcotráfico”. Esto sucedió el pasado 21 de marzo.

En aquel acto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, explicó que la inversión en el armamento, equipamiento, la recuperación de aeronaves y la presentación de un avión Hércules, para combatir al crimen organizado tuvo un costo total de Bs. 20 millones, un presupuesto que incluyó el material bélico para la Felcn para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico.

Tras una revisión al proceso de contratación publicado en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES), que el Gobierno destinó solo en la compra de armamento Bs. 8.499.299.9. El 80% de este monto fue para la adquisición de fusiles de asalto, que tienen el código de “rifles militares” en ese sistema de gestión.

El contrato se cerró con la fabricante Ceská Zbrojovka A.S., de la República Checa. Sucedió el 17 de octubre de 2023. El contrato fijó la recepción aproximada para el 21 de diciembre de ese año. Según el informe a que accedió el rotativo, el cargamento de armas arribó al país el 9 de enero de 2024 junto con uno de los representantes de esa empresa extranjera.

Ceská Zbrojovka es una compañía fabricante de armas de la República Checa. Según su sitio web, ésta forma parte del COLTCz Group. La empresa se fundó poco antes del a Segunda Guerra Mundial y fue parte de la antigua Checoslovaquia, una nación que formó parte del desaparecido Pacto de Varsovia liderado por la extinta Unión Soviética.

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Un enfrentamiento entre civiles estalló la madrugada de este jueves en la localidad de Mairana en el departamento de Santa Cruz. Según los reportes, un grupo de jóvenes habría intentado desbloquear, sin éxito.

De acuerdo con los reportes, varios buses habrían llegado a la región llevando a los jóvenes que intentarían desbloquear.  En imágenes de los hechos se observa varios estallidos y el sonido de petardos. También se hizo viral un video donde se ve a un joven ensangrentado, mientras era indagado por el traslado en buses.

En primeras versiones se acusaba a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) por el intento, pero un representante de esa entidad dijo a la Cafetería que su organización no se ha movilizado, sino se había replegado después de la protestas de la noche del miércoles.

El representante de la UJC aclaró que ellos han dado 48 horas a la Policía para desbloquear. Indicó que, tomando en cuenta Todos Santos, la Unión realizaría acciones el lunes. 

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La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) protagonizó la noche de este miércoles una marcha hasta el Comando Departamental de la Policía, que terminó en incidentes, para exigir el desbloqueo de carreteras.

Con carteles en mano, los movilizados integrados por la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y otros pobladores, expresaron su rechazo a la medida de presión que afecta al departamento.

También demandaron “meter preso” al expresidente Evo Morales a quien consideraron como el “cabecilla” de los bloqueos en el país y que están agravando la crisis económica.

De no cumplirse con el pedido, los movilizados advirtieron que la “juventud cruceña junto a su pueblo”, harán “respetar el territorio cruceño” por los efectos negativos que ocasionan los bloqueos.

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Tras los momentos de tensión durante el intento de desbloqueo en el municipio de Mairana, Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo logró el intercambio de un grupo de policías y algunos periodistas que se encontraban rehenes por algunos de los movilizados “evistas” que fueron arrestados.

La delegada de la institución defensorial, Sheila Gómez, informó que se logró las gestiones después de los enfrentamientos en la carretera hacia los valles cruceños donde hubo incluso efectivos heridos.

“Hemos intervenido en el intercambio de rehenes con las personas detenidas que era la condición que daban las personas que estaban bloqueando para dejar libres a los policías”, confirmó la funcionaria.

El intercambio, aseguró, se cumplió de forma tranquila y sin ningún contratiempo. Gómez anunció además que se harán las gestiones para los teléfonos celulares retenidos, durante la intervención policial, sean devueltos por las personas movilizadas.

“Sobre los policías que están heridos, tenemos otro equipo desplegado en Santa Cruz y aquellos han sido derivados al Hospital Obrero de Santa Cruz y estamos haciendo el seguimiento sobre su estado de salud”.

En el enfrentamiento, más de diez efectivos policiales quedaron heridos, entre ellos, cuatro se encuentran de gravedad. De acuerdo con la conversación que tuvo la Delegada de la Defensoría del Pueblo con los movilizados, existe el compromiso de los puntos de bloqueo se deje transitar a las ambulancias y cisternas.

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El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) resolvió este lunes rechazó los bloqueos de carreteras de sectores sociales “evistas”, en distintas partes del país, y lo calificó como un “atentado criminal” a la economía del país.

La actual situación que atraviesa el país y, principalmente Cochabamba, fue incluida entre los temas a tratarse entre los integrantes de la reunión encabezada por el presidente Luis Arce junto a los gobernadores y otras autoridades regionales.

“Los miembros del CNA expresan su total rechazo a los bloqueos de caminos que son un atentado criminal a la economía del pueblo boliviano, incrementan los precios de la canasta familiar, vulneran derechos fundamentales, al abastecimiento el acceso a la salud, movilidad de pasajeros, transporte de alimentos, medicina y combustibles”, se lee parte del séptimo punto leído por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz.

En ese sentido, demandaron el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la aplicación de “todos los mecanismos constitucionales” para garantizar la libre transitabilidad de la población que se encuentra afectada por los 15 días que lleva adelante la medida de presión.

Desde el 14 de octubre comenzaron los bloqueos de las organizaciones sociales “evistas” en rechazo a los procesos contra Evo Morales por trata de personas y estupro que pesan en su contra y además contra el Gobierno por la supuesta falta de atención a sus demandas.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, expresó su rechazo a las movilizaciones y bloqueos de caminos ya que consideró que no tienen “ninguna fundamentación y justificación” y, por el contrario, solo están dejando pérdidas económicas.

“Si tenemos alguna denuncia, hay que demostrar lo contrario sin utilizar al sector campesino o a quiénes están movilizados. Creo que (los sectores sociales “evistas”) deben reflexionar, lo primero es el país, más allá de una persona”, instó.

Agenda Bicentenario

Durante la sesión también se abordó las actividades rumbo al Bicentenario de Bolivia, a celebrarse el próximo año, y se acordó que se llevará adelante una agenda conjunta, para ello, se recogerán propuestas con otras instituciones del país.

Los miembros del CNA acordaron llevar adelante su primera sesión de 2025 en la primera quincena de enero en la ciudad de Sucre, lo que dará inicio a la celebración del año del Bicentenario.

Créditos

En la reunión también se acordó que se buscarán reuniones con los presidentes de las cámaras de Diputados, del Senado y las brigadas parlamentarias de cada departamento para demandar la aprobación de los proyectos de ley de financiamiento créditos y de otros destinados a obras en conmemoración al Bicentenario.

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