En el punto de mira
La zafra de castaña 2024-2025, que se desarrolla en el departamento de Pando, ha desatado una serie de conflictos entre recolectores de castaña, campesinos, zafreros y barraqueros, quienes se acusan mutuamente de avasallar tierras fiscales no disponibles. Según reportes de radio Frontera, parte de la red Erbol-Cobija, los enfrentamientos se han intensificado en diversas zonas del departamento, lo que ha generado preocupación tanto a nivel local como nacional.
Ante la creciente tensión, el diputado Sergio Maniguary solicitó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, un informe detallado sobre las acciones preventivas realizadas por el gobierno para evitar estos avasallamientos.
Maniguary también ha pedido que se coordinen esfuerzos con otras instituciones como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Fiscalía General del Estado para abordar la problemática de manera integral.
Los conflictos por el avasallamiento de tierras no han sido los únicos incidentes que han preocupado a las autoridades. En la comunidad de San Miguel, se ha registrado un lamentable caso de muerte relacionado con la zafra.
El asambleísta expresó su alarma por las acciones tardías tanto de la Policía como de la Fiscalía Departamental, a quienes acusó de no haber actuado a tiempo para prevenir los enfrentamientos violentos.
“Es un tema preventivo. Desde el inicio de la zafra de la castaña, ya deberían haberse tomado acciones inmediatas para garantizar el control y la seguridad ciudadana”, expresó.
Además, el legislador hizo un llamado urgente al gobierno nacional y a los ministros de Planificación y Economía para que se otorgue el financiamiento necesario a la policía y a las gobernaciones, con el fin de que puedan movilizarse y llevar a cabo sus tareas de control en los diferentes municipios afectados.
El diputado subrayó que las instituciones competentes, como la Fiscalía y la Gobernación, no han tomado las medidas necesarias de forma inmediata. Según Maniguary, las acciones tardías de estas entidades están contribuyendo al agravamiento de los conflictos, lo que afecta no solo a los involucrados, sino también al bienestar de la población en general.
“La falta de acción preventiva está generando un clima de incertidumbre y violencia entre los bolivianos, lo que no puede seguir ocurriendo”, manifestó el asambleísta. Además, advirtió que, si no se actúa con celeridad, los problemas derivados de la zafra de castaña podrían continuar escalando, con consecuencias aún más graves para la seguridad en la región.
erbol.com.bo
En un momento el que se advierte el déficit de trigo y harina en el mercado interno, teniendo que recurrir a mercados externos, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, contempló que la solución se puede dar desde el campo, con un plan integral para apuntalar la producción, por lo que sugirió una reunión para abordar este tema.
“Es muy importante, generar incentivos para que los productores puedan producir una mayor superficie de trigo en esta campaña de invierno. Y esperamos tener reuniones lo más antes posible precisamente para poder establecer esos incentivos”, manifestó el ejecutivo en conferencia de prensa.
Según datos de Anapo, la producción de trigo experimentó una drástica disminución en 2024, pues llegó a solo 37.959 toneladas, 72% menos que el invierno anterior. La sequía redujo la productividad promedio a 0,49 TM/ha, en contraste con 1,44 TM/ha del año pasado.
Dentro del plan integral de fomento a la producción, asoma el pedido de establecer un precio minimo de compra para el grano, labor que le compete a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), lo que puede ser atractivo para los productores de cara a la campaña de invierno.
“Hay que tener todo un programa integral de fomento a la producción de trigo que pase por tener un fuerte apoyo del Estado a los programas de investigación para el desarrollo de genética de alto rendimiento”, remarcó Hernández.
En esta línea, el ejecutivo precisó que el tema de biotecnología es fundamental y ya hay una propuesta que está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades: el evento HB4 tolerante a la sequía, que ya se desarrolla en otros países para incorporar en su producción comercial.
Por otro lado, según el gerente de Anapo, el tema de financiamiento también juega un rol importante, “ahora más que nunca”, contemplando un fondo de incentivo a tasas de interés accesibles.
Como último punto, el seguro agrícola enfocado en responder la necesidades de la productores es otra de las sugerencias que se espera sean incluidas en la agenda y en el análisis en una reunión con el Gobierno nacional.
eju.tv
El precio del pollo en el mercado central de Sucre alcanzó los Bs 25 por kilo, una cifra que ha generado preocupación entre los consumidores y comerciantes. Este incremento, que se ha mantenido durante al menos cuatro días, según testimonios recogidos, ha reducido tanto la oferta como la demanda del producto.
En un recorrido por el mercado, solo algunos puestos de venta estaban abiertos este domingo. Rosmery, una vendedora, exhibía apenas cinco pollos en su mesón. "El kilo está a Bs 25", informaba a los compradores, mientras Laura, otra comerciante, explicaba el motivo de la escasez: "El pollo de las granjas cercanas se lo llevan a Potosí, Cochabamba y hasta La Paz".
La escena refleja el descontento entre los consumidores. Juan Pablo, un comprador, se mostró sorprendido al escuchar el precio. “¡Qué exagerado!”, exclamó antes de marcharse con la bolsa vacía. Por su parte, Felicia, una clienta frecuente, señaló que "el precio no baja y tampoco hay cantidad, solo unos cuantos pollos".
Ruth Reynolds, dirigente de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca (COD), calificó el aumento de precios como "una barbaridad". Anunció que este lunes se reunirán con el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, para exigir medidas que frenen la escalada.
Desde la Empresa de Apoyo a la Producción (Emapa), su representante regional, Pedro Ayllón, informó que el alimento balanceado aún no cuenta con subsidios debido a la falta de reglamentación anual. Este factor, según explicaron, es uno de los que ha disparado el precio del pollo, que hasta hace unos días se vendía entre 18 y 19 bolivianos el kilo.
El impacto de este incremento afecta principalmente a las familias con menores recursos, quienes dependen del pollo como una de las principales fuentes de proteína en su dieta. Mientras las autoridades intentan frenar la tendencia al alza, los consumidores esperan respuestas concretas que alivien el bolsillo de la población.
erbol.com.bo
El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, alertó que la disposición confiscatoria establecida en el Presupuesto General del Estado (PGE 2025) atenta contra la propiedad privada, la libre producción y el derecho al trabajo.
“En el ampliado multisectorial que tuvimos una vez más coincidimos con otros sectores, con el sector gremial y transportista, de que realmente esta disposición atenta contra la propiedad privada y lejos de solucionar el problema que tiene el país en este momento más bien ahonda la crisis”, afirmó el directivo anoche en una entrevista con la red Uno.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Esta disposición puso en alerta a los sectores productivos y de comerciantes porque se pone en riesgo la propiedad privada bajo el argumento de una lucha contra la especulación.
Castro también advirtió que esta norma, al margen de poner en riesgo la propiedad, “atenta contra la libre producción y el derecho al trabajo”.
Los gremiales del país, ayer, dieron un plazo de dos semanas al Gobierno para que anule esta disposición, de lo contrario iniciarán movilizaciones en todo el país hasta lograr la derogatoria.
No obstante, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que la disposición adicional séptima del PGE “está en pausa” mientras no exista una reglamentación biministerial por lo que exhortó a los sectores movilizados a que participen en la elaboración de la norma.
eju.tv
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