El gobierno boliviano informó este lunes que ha identificado irregularidades en la cadena de exportación de carne bovina y anunció nuevas medidas para reforzar el control del contrabando, en un contexto de altos precios internos del producto y tensiones con el sector ganadero.
"Estamos haciendo un seguimiento con Aduana, Senasag y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Hemos visto inseguridades y estamos a punto de descubrir algunas cosas que se han hecho", declaró el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, en rueda de prensa.
El ministro reiteró que el Ejecutivo mantendrá su política de priorizar el abastecimiento del mercado interno a precio justo y cuestionó que el precio de la carne siga elevado pese a la mejora en condiciones de producción, como el acceso a forraje y combustible. "No entendemos por qué se mantiene el precio elevado cuando las condiciones han mejorado", dijo.
Flores también reveló desacuerdos persistentes entre productores, frigoríficos y comercializadores, lo que ha impedido fijar un precio de referencia para el kilo gancho. Aunque evitó dar una cifra actual, el ministro recordó que en anteriores declaraciones había planteado un rango de 28 a 29 bolivianos por kilo.
El gobierno acusó a algunos ganaderos de pretender alinear los precios del kilo en pie con la cotización del dólar o con los valores de países vecinos, lo cual según Flores es injustificable dada la existencia de subsidios e incentivos estatales. "No vamos a permitir que se nivele el precio con otros países", advirtió.
En cuanto al combate al contrabando, el ministro informó que se han registrado agresiones a oficiales de control y que se han modernizado los mecanismos de seguimiento. "Ahora todo es digital. El sistema de guías fue reformado e incorporamos GPS para rastrear el transporte de ganado y carne", detalló.
Flores también responsabilizó a sectores de la oposición por la falta de divisas en el mercado, al señalar que "más de 1.800 millones de dólares están durmiendo en la Asamblea" por la no aprobación de créditos internacionales. "Eso ha sido un sabotaje político y económico", denunció.
El gobierno continúa convocando reuniones con actores de la cadena cárnica en busca de consensos que permitan estabilizar los precios al consumidor sin comprometer la producción nacional ni el abastecimiento local.
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