El experto Alcides Vadillo señaló que es positiva la detención del exministro Characayo, pero advierte que las experiencias pasadas muestran que estos procesos muchas veces se quedan en nada.

Página Siete /  La Paz  .-El tráfico de tierras fiscales involucra la gestión de cuatro exministros y ha dejado al menos 100 procesos entre administrativos y penales a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA).

De acuerdo con la Fundación Tierra, los casos de corrupción relacionados a la dotación de tierras fiscales, si bien siempre han existido, adquieren una importancia mayor desde 2010, cuando Nemesia Achacollo ocupaba la cartera de Desarrollo Rural.

“A partir de 2010 se marca muy visiblemente el tema de la corrupción en el manejo de tierras fiscales. A partir de ese año la institucionalidad pública del INRA se pierde y entra el manejo político. El INRA pierde su condición técnica y se convierte en una instrumento político, operativo, partidario en favor de intereses concretos y esto genera mecanismos ligados a la extorsión y el tráfico de tierras”, señala el director de la Fundación Tierra Regional Oriente, Alcides Vadillo.

De acuerdo con  reportes de prensa, en 2010 Juan Carlos Rojas, exdirector del INRA, denunció la existencia de una oficina que fraguaba documentos y que blanqueó antecedentes y extorsionó a funcionarios para beneficiar a ciertas personas y entregarles tierras fiscales por un precio, que según reportó el periódico  La Prensa en 2011, oscilaba entre los 23.000 y 50.000 dólares.

De acuerdo con  los documentos del caso “INRA paralelo”, los implicados en el caso “procedían a contactarse con empleados del INRA de Santa Cruz con el objetivo de obtener la información de la base de datos oficial. Fraguaban la documentación, introducían datos falsos y los utilizaban para cumplir sus compromisos económicos por un monto aproximado de 23.000 dólares americanos por cada contrato, aunque hubo casos en los que el monto exigido alcanzaba  los 50.000 dólares”, señala el reporte de La Prensa.

El INRA “chuto” operaba en el pasaje Cuéllar N 3135 y en la calle Pozo N 448 de Santa Cruz, y se dedicaba a “hacer seguimiento” de trámites en el INRA y en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), confesó el responsable de la oficina clandestina Marcelo Salas Viruez en su declaración formal ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz el 17 de marzo de 2011.

“Aquí es donde aparece lo que en ese momento se llamó el ‘INRA Paralelo’. En ese momento la ministra de Desarrollo Rural era Nemesia Achacollo y el director del INRA era Juan Carlos Rojas y es esta persona quien denuncia la existencia de esta oficina, que estaba armando expedientes paralelos, extorsionando a unos y beneficiando a otros y la consecuencia de esta denuncia es que el denunciante es separado del INRA y se le inicia un proceso del cual no se sabe cuál fue su conclusión”, agregó Vadillo.

Rojas,  luego de realizar la denuncia, fue reemplazado por Julio Urapotina, quien, según notas de prensa, fue uno de los responsables de los asentamientos humanos impulsados en Pando por el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Rojas, en su momento, no descartó que su destitución obedezca a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la presunta existencia de una red nacional de traficantes de documentos e información de saneamiento.

Los reportes de la prensa en ese entonces señalan que uno de los integrantes de la organización aseguró ser asesor personal de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e intentó acudir a ella por teléfono en el momento en que fue arrestado en su oficina, de acuerdo con las autoridades del Ministerio Público.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en las mencionadas oficinas se encontró documentación relacionada al saneamiento de tierras en Santa Cruz y Montero, y que, además, fueron visitadas por la exministra Achacollo en dos ocasiones.

En abril de 2011, ante las acusaciones contra la exministra, el entonces presidente Evo Morales la defendió: “La compañera Nemesia es de mucha confianza, la conozco desde hace mucho tiempo, es una gran luchadora; no creo para nada en la acusación contra la ministra, pero a veces es difícil dar la cabeza por todos y todas…”.

Nepotismo y clanes

Durante la gestión del exministro César Cocarico (2015-2019) se presentaron también denuncias de corrupción, nepotismo y tráfico de tierras, apuntando directamente a la ex autoridad y sus familiares.  

El hermano del exministro, Rogelio Cocarico Yana, fue detenido en 2018, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de 600 mil dólares a cambio de sanear tierras ilegales.

El 24 de octubre de 2018, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz envió a Rogelio Cocarico  al penal de Palmasola acusado de estafa agravada.

Según la denuncia, el hermano de Cocarico -junto con  cinco que se presentaron como funcionarios de la empresa Mato Grande- “sonsacó” a los pobladores de la colonia Río Negro (Beni) 200 mil dólares para sanear un desmonte ilegal. Ése   era sólo un adelanto del pago de 600 mil dólares exigido para arreglar el “lío de tierras”.

Según documentación de la Contraloría y las planillas de personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el exministro César Cocarico tuvo a dos de sus primos trabajando dentro de la cartera de Estado que él dirigía. Los dos presuntos familiares son Orlando Achu Cocarico, exJefe de Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal  y Pesca; y Édgar Yana Chambi, que trabajó en el INRA.   

En enero de 2020, el entonces viceministro de tierras, Gustavo Terrazas, aseguró que Cocarico estaba implicado con un clan familiar vinculado al tráfico de tierras en Santa Cruz y la Chiquitania, denominado “clan León”, junto con  Juan Carlos León, exdirector del INRA.

En enero de 2020, el INRA  presentó una demanda penal ante el Ministerio Público contra Cocarico por el nombramiento ilegal justamente de Juan Carlos León Rodas, como director de esa entidad sin que cuente con un título profesional que respalde esa designación y que fue refrendado mediante Resolución Suprema Nº 24721 por el entonces presidente Evo Morales, establece un comunicado del Viceministerio de Tierras.

“De acuerdo con la hipótesis que estamos pudiendo manejar desde el Viceministerio de Tierras, vemos que hay un enlace directo, quienes nombran a León son Evo Morales y César Cocarico. Quién es Juan Carlos león, parte del clan de los León, habría una relación directa entre estas autoridades para atentar contra la Chiquitania y ver con el tráfico de tierras”, acusó Terrazas   en rueda de prensa.

Cocarico se defendió en su momento, señalando que él mismo había denunciado los hechos de corrupción y que en el caso de su hermano, él no podía hacer nada para defenderlo. “Aunque seamos hermanos nada puedo hacer”, expresó entonces el exgobernador de La Paz.

 Denuncias a la gestión de Añez

En noviembre de 2020, días antes del cambio de gobierno, durante la gestión de la exministra Eliane Capobianco,  la Fundación Tierra denunció el “manejo arbitrario” del INRA en el gobierno transitorio de Jeanine Añez y denunció la entrega de “miles” de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz. 

 “Al igual que hemos cuestionado la actuación del gobierno del MAS por el tráfico de tierras, expresamos nuestra preocupación por el manejo arbitrario del INRA durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Entregó miles de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz, bajo el argumento de que los trámites se habían paralizado sin motivo alguno. Varias de estas propiedades, en especial las medianas y grandes, tenían observaciones jurídicas de fondo por tratarse de tentativas de apropiación ilegal de tierras fiscales y de latifundios que no cumplen la Función Económico Social (FES)”, señaló la Fundación Tierra.

La Fundación también denunció la consolidación de dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria Laguna Corazón,  de 12.480 hectáreas, en la provincia Guarayos;  y la Empresa Agropecuaria  Tierras Bajas del Norte,  de 21.000 hectáreas, en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas  en favor de la familia del entonces ministro de Economía, Branko Marinkovic.

Al respecto, la familia Marinkovic, mediante un comunicado, negó que el exministro se haya beneficiado de la titularización de las tierras, ya que éstas pertenecen a  la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón, “entre cuyos accionistas él no figura”.

La nota agrega que la titularización de estas tierras se realizó producto de un trámite que duró más de 10 años  y se consolidó luego de un proceso legal “debidamente sustanciado en los tribunales e instancias respectivas”.

Al respecto, Vadillo apunta que con el gobierno de transición no se hace una revisión de los procesos cuestionados durante el gobierno del MAS, sino que las prácticas irregulares se reforzaron, cambiando a los beneficiarios de interculturales y dirigentes asociados al MAS a  medianos y grandes propietarios.

“Si durante la gestión del MAS los beneficiarios eran interculturales y gente del partido, durante la gestión de Añez la gente que se benefició principalmente de la dotación de tierras fueron grandes propietarios, con propiedades mayores a 5.000 hectáreas que en el gobierno del MAS no pudieron consolidar derechos sobre la tierra. Cuando entra Añez al poder, estas tierras son legalizadas en gran medida;  lastimosamente no hay proceso de revisión de lo que se hizo”, agregó el director de la Fundación Tierra Regional Oriente.

Atrapado por un soborno

El pasado martes, Edwin Characayo,   entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras,  fue detenido luego de ser descubierto  in fraganti  mientras recibía un soborno de 20.000 dólares, entregados con el objetivo de sanear el predio denominado El Triunfo II, de 1.350 hectáreas, ubicado en el municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz, clasificado como tierra fiscal, según el INRA 

“Ese predio (El Triunfo II) data desde hace tiempo y está en proceso de saneamiento, y el INRA, antes de mi gestión, ya había emitido una resolución de reversión de esa propiedad y ahí terminó el trabajo. El ministerio (de Desarrollo Rural), a través del Viceministerio de Tierras, en su calidad de fiscalizador, solicita información (al INRA) y seguramente iba a emitir alguna resolución”, respondió a Página Siete el director nacional del INRA, Eulogio Núñez.

El director del INRA afirmó que es el Ministerio Público el que debe aclarar  esos detalles y las investigaciones desvelarán   cómo se realizaron esos contactos.

Procesos

Según declaraciones del  exdirector del INRA, Juan Carlos León, entre 2018 y 2019, se presentaron al menos 100 denuncias contra funcionarios de la institución por irregularidades y corrupción en la dotación de tierras, lo que  dio inicio a procesos penales.

“Tenemos más de 100 procesos penales que se están dando no sólo a funcionarios públicos que falsificaban documentos y extorsionaban, sino también a particulares. Se ha despedido a esa gente”, señaló León en 2019.

Por su parte, la Fundación Tierra señala que no cuenta con un registro de denuncias y procesos;  sin embargo, observa que la mayor parte de los casos denunciados han tenido muy poco avance o han quedado en nada.

“Lamentablemente no tenemos un registro de las denuncias que se han realizado. A 2019 habían cerca de 100 denuncias contra funcionarios del INRA, se abrió un proceso contra el exministro  Cocarico, se le abrió un juicio al exdirector del INRA Juan Carlos León, se inició un juicio al exdirector del INRA en Santa Cruz, Sergio Abrahan Imana, pero todos estos juicios quedan en nada. La influencia política es más fuerte y trata de cerrar estos espacios de discusión e incluso de aplicación de justicia, de sanción”.

Vadillo agregó que es un hecho muy positivo el caso del exministro Characayo;  sin embargo, advierte que las experiencias pasadas muestran que estos procesos muchas veces se quedan en nada.

“Es importante que haya una decisión de iniciar un proceso;  sin embargo, la experiencia nos muestra que luego de dos semanas esto pasa al olvido y los procesos quedan en el aire”, acotó.

Fundación Tierra pide intervención

En una carta abierta presentada el pasado jueves, la Fundación Tierra urgió al Gobierno a intervenir el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y devolverle su institucionalidad.

“El tráfico de tierras es uno de los peores fenómenos de corrupción en Bolivia. Por eso, entre las medidas que deben tomarse de forma urgente y de fondo, están: La intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos  con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz”.

 La Fundación también pidió proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde  existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del Gobierno nacional a usar  incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos. 

En otro punto se solicita al Gobierno “paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite  de 5.000  hectáreas”. 

La Fundación hace un llamado público a “las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados”.

Según Tierra, en 10 años, el INRA ha tenido ocho directores interinos, en su mayoría propuestos por los movimientos sociales.

Dotación se aceleró a partir de 2011

La Fundación Tierra  señala que, a partir de 2011, el gobierno del entonces presidente Evo Morales aceleró el proceso de saneamiento y dotación de tierras fiscales, sobre todo en el oriente, llegando a otorgar autorizaciones de asentamiento a, al menos, 1.400 comunidades sólo en la Chiquitania entre 2011 y 2019. Sin embargo, la Fundación advierte que esta distribución de tierras se hace de manera poco transparente.

“A partir de  2011   hay un cambio en la política de distribución de las tierras fiscales. Hasta ese año, el proceso de saneamiento había avanzado, se había identificado un volumen de tierras fiscales pero los procesos de asentamiento y de distribución de estas tierras eran muy limitados”, indica el  director de la Regional Oriente de la Fundación, Alcides Vadillo.

Vadillo  agrega que, revisando  las memorias del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), desde  1996 hasta  2010 prácticamente sólo se habían distribuido  200 mil hectáreas, en 14 años.

“Pero a partir del 2011 empieza un proceso de distribución de tierras que es cada vez más creciente y ya desde el 2011 hasta el 2019, sólo en la Chiquitania, la Fundación Tierra identifica la existencia de 1.400 comunidades con autorización de asentamiento de parte del INRA”, señaló.

Productores de varias comunidades del municipio de Sorata, capital de la provincia Larecaja, en el departamento de La Paz, recibieron capacitación para prevenir y controlar la enfermedad de la roya que devasta los cultivos de trigo.

Técnicos de la Gerencia de Producción de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se reunieron con los productores de Tarapi, Llocahuaya y Pocobaya del municipio de Sorata, a quienes les explicaron sobre esta enfermedad que ataca al cereal, y sus consecuencias.

Se instruyó a un centenar de productores para el control de la roya, sobre el uso responsable de agroquímicos y fortalecimiento organizacional.

Además, se realizó la preparación en el campo de un compuesto ecológico denominado “caldo sulfocálcico” para enfrentar a la roya en las poblaciones productoras de trigo en Sorata, acción que se repetirá en otras regiones donde hay cultivos de este cereal y que tienen comprometida su producción para Emapa.

La roya del trigo es una enfermedad causada por los hongos que se presenta en hojas y tallos; provoca el amarillamiento y caída de las hojas, lo cual baja la productividad y la calidad del trigo. La causa de que surja la roya es por mucha humedad y calor.

Los técnicos explicaron que una de las formas de control de esta enfermedad es a través de la elaboración del caldo sulfocálcico, que es un producto que se prepara a base de azufre y cal. También sirve para el control del mildiu, cenicilla y algunos insectos como ácaros y trips.

En la oportunidad explicaron que para el caldo sulfocálcico de acuerdo a la dimensión del cultivo se precisa: cal viva o apagada; libras de azufre; litros de agua; depósito metálico (para cocimiento); paleta de madera; fogón y leña.

Sobre la elaboración, se debe hacer hervir el agua el envase metálico. Cuando esté hirviendo el agua, agregar azufre y luego cal. (usar cubreboca para evitar inhalar polvo y vapor). Mezclar constantemente con una paleta de madera durante una hora aproximadamente.

El caldo sulfocálcico estará listo una vez cambie de color amarillo a color rojo ladrillo y posteriormente se debe dejar reposar hasta que enfríe para luego aplicar al cultivo de trigo con mochilas fumigadoras.

El uso recomendable de este producto ecológico es en su etapa de macollamiento (nueva planta). Se recomienda hacer 2 aplicaciones cada 15 días, según los técnicos.

El caso fue denunciado el 2008, desde entonces permanece en la Asamblea Legislativa Plurinacional para autorización de juicio de responsabilidades.La Paz, 16 de abril (ANF).- El vicepresidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, Rolando Cuéllar, informó que pedirán al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, “reabrir” el caso denominado “Tractores” que involucra al exministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medioambiente, Hugo Salvatierra.

La agricultura valenciana cuenta con unas determinadas zonas cálidas donde el cultivo subtropical del aguacate va ganando protagonismo. Los agricultores somos personas valientes que siempre intentamos producir lo que demandan los consumidores. En los últimos años el aguacate ha disparado su consumo mundial por sus extraordinarias propiedades nutricionales y, gracias a esa demanda, ofrece una rentabilidad bastante digna para el productor. Por ello es lógico que cada vez más productores exploren esta alternativa hasta hace poco remota.

Comarcas como Camp de Morvedre –especialmente la zona de Les Valls–, La Plana de Castellón, L’Horta, La Ribera, La Safor o La Marina acogen los primeros campos de aguacates tras reemplazar otros cultivos en dificultades comerciales como cítricos y frutales de hueso. Su introducción no es comparable a la que aconteció con la naranja o más recientemente con el caqui, porque está muy limitada por las bajas temperaturas. Pero a su menor escala el aguacate abandera una revalorización agrícola y vuelve a levantar una renovada ilusión en el sector. Cientos de familias se benefician del buen comportamiento de este cultivo, contribuyendo a girar la rueda de la economía de muchos pueblos, que buena falta hace en estos momentos.

Sin embargo, en medio de esta buena nueva detectamos con creciente indignación el surgimiento de fariseos que difaman el aguacate, hablando del consumo de ingentes recursos hídricos y otros mensajes infernales que no suceden en nuestras zonas productoras. Mejor harían estos ecologistas radicales, medios de comunicación e incluso cocineros, que reniegan del aguacate para preparar sus ideológicas recetas, en objetivar sus ideas en beneficio del cuidado del planeta yendo a aquellos otros lugares donde se están destruyendo selvas y hábitats naturales y donde deberían dirigir sus críticas. Incluir en su demagógica persecución contra el aguacate a los agricultores valencianos es una irresponsabilidad y una forma injusta de generar mala imagen a este cultivo que la evidencia científica califica de superalimento.

Los agricultores no malgastamos ni una gota de agua, regamos los árboles justo lo que necesitan, sabemos que los excesos hídricos son perjudiciales para el cultivo y ponemos todo el esmero en lograr un riego racional. Hemos modernizado prácticamente todo el regadío de la Comunitat Valenciana para ser más eficientes en el uso del agua. La cantidad empleada es similar a la que requiere una explotación de cítricos, de hecho, muchas veces se destinan a través de la misma línea de goteo idénticos recursos tanto a los campos de naranjos como a los campos de aguacates, que suelen estar unos al lado de los otros.

Al tratarse de un cultivo nuevo en tierras valencianas, el aguacate aún carece de plagas y enfermedades de gravedad, por lo que los agricultores apenas se ven obligados a utilizar materias activas para combatirlas. Además hay una clara tendencia a la producción ecológica del aguacate. El manejo y las distintas técnicas de cultivo son, al igual que ocurre en toda la agricultura europea, absolutamente respetuosas con el suelo, la diversidad, el territorio y el medio ambiente. Podemos asegurar que nuestro aguacate cumple las máximas garantías de sostenibilidad del mundo.

Sabemos que todavía nos faltan muchos conocimientos por adquirir sobre este cultivo subtropical. Y por eso mismo estamos en contacto permanente con los máximos expertos de Málaga y Sudamérica, donde acumulan una experiencia mucho más dilatada. Quiero agradecer especialmente la fructífera colaboración que encontramos en nuestros compañeros de ASAJA Málaga. Conjuntamente estamos llevando a cabo el Grupo Operativo “Innovación en aguacate” que tiene como finalidad aumentar la productividad, favorecer la expansión correcta del cultivo en nuevas áreas, transferir la tecnología relativa a técnicas, material vegetal y control biológico, y convertir a España en el primer suministrador europeo de aguacate de calidad y de producción sostenible, con una baja huella de carbono.

Desde AVA-ASAJA también hemos impulsado la puesta en marcha de la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) a fin de aglutinar al sector, promover el asociacionismo entre los profesionales como medio para afrontar los retos de futuro, unificar criterios de carácter tanto productivo como comercial, e incluso diferenciar el producto nacional a través de una marca distintiva o, en su caso, una Denominación de Origen Protegida.

Porque la comercialización es un asunto al que no debemos prestarle menos atención. Hay comercios de Málaga que vienen a Valencia a comprar aguacates y vienen con unas reglas del siglo XXI –no del XIX como prefieren algunos piratas por estos lares– que permiten a los agricultores percibir unos precios dignos. La producción española únicamente cubre en torno al 10% de la demanda europea y resulta fundamental diferenciarla de las importaciones foráneas para aspirar a reforzar nuestra cuota de mercado.

Si logramos mejorar en todos estos aspectos y garantizamos una rentabilidad razonable a medio y largo plazo, inmediatamente surgirán más jóvenes en el campo valenciano, más posibilidades de que el medio rural sea un lugar atractivo y deje de despoblarse, más futuro en definitiva. Justo lo contrario de lo que pregonan quienes denigran la imagen del aguacate y echan tierra sobre las personas que quieren ser emprendedoras. A estos difamadores les sugeriría que cogieran un aguacate, le quitaran la piel, lo partieran por la mitad, le pusieran unas gotas de aceite y una pizca de sal, y que lo probaran. Igual percibían la realidad de otra manera más positiva y hasta se dibujaba una sonrisa en sus caras.

(*) Presidente de AVA-ASAJA

Fuente: AGROINFORMACION

Desde AVA-ASAJA también hemos impulsado la puesta en marcha de la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) a fin de aglutinar al sector, promover el asociacionismo entre los profesionales como medio para afrontar los retos de futuro, unificar criterios de carácter tanto productivo como comercial, e incluso diferenciar el producto nacional a través de una marca distintiva o, en su caso, una Denominación de Origen Protegida.

Porque la comercialización es un asunto al que no debemos prestarle menos atención. Hay comercios de Málaga que vienen a Valencia a comprar aguacates y vienen con unas reglas del siglo XXI –no del XIX como prefieren algunos piratas por estos lares– que permiten a los agricultores percibir unos precios dignos. La producción española únicamente cubre en torno al 10% de la demanda europea y resulta fundamental diferenciarla de las importaciones foráneas para aspirar a reforzar nuestra cuota de mercado.

Si logramos mejorar en todos estos aspectos y garantizamos una rentabilidad razonable a medio y largo plazo, inmediatamente surgirán más jóvenes en el campo valenciano, más posibilidades de que el medio rural sea un lugar atractivo y deje de despoblarse, más futuro en definitiva. Justo lo contrario de lo que pregonan quienes denigran la imagen del aguacate y echan tierra sobre las personas que quieren ser emprendedoras. A estos difamadores les sugeriría que cogieran un aguacate, le quitaran la piel, lo partieran por la mitad, le pusieran unas gotas de aceite y una pizca de sal, y que lo probaran. Igual percibían la realidad de otra manera más positiva y hasta se dibujaba una sonrisa en sus caras.

(*) Presidente de AVA-ASAJA

Fuente: AGROINFORMACION