El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Roberto Flores Orellana, ratificó la información publicada por EL DEBER sobre la cantidad de hectáreas que tienen autorización de desmonte en Roboré. Según explicó la autoridad, desde el 2017 se aprobaron más de 38.000 hectáreas para desmonte, aunque solo se han ejecutado 17.103 hectáreas, algo menos de la mitad.
Flores desglosó los diversos tipos de uso de suelo que existen en el municipio de Roboré para que no se confunda y se crea que “fuera todo Roboré de vocación forestal”. Según los informes de la ABT, solo el 21 % del municipio corresponde a uso forestal y un porcentaje un poco mayor (33 %) al área natural protegida del Valle de Tucabaca. Otras zonas están catalogadas para uso agrosilvopastoril o para uso pecuario extensivo.
El director ejecutivo de la ABT resaltó que “de acuerdo a lo que indica el PLUS (Plan de Uso de Suelo) es que la ABT otorga permiso de desmonte”. Es decir, las directrices del PLUS son las que determinan si un terreno puede deforestarse y en qué condiciones. Aclaró que el PLUS es aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental y alertó que las últimas modificaciones favorecen el desmonte y los incendios forestales.
“La ley 741 de 2015 regula la autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. (...) La ABT autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas sin esos requisitos. Y es una ley que no la hizo la ABT, lo hicieron los legisladores”. Flores recurre al marco legal vigente para explicar la obligación que tienen, como autoridad reguladora, de autorizar ciertas superficies de desmontes. Eso sí, estos permisos solo se pueden otorgar a “comunidades previa presentación de resolución de asentamiento”, certificación que corresponde entregar al Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), con lo que pidió que el INRA también sea llamado a rendir cuentas sobre los títulos que concede.
Controles en Tucabaca
El director general de Manejo de Bosques y Tierras, Franz Valdez Irahola, describió las labores de control y cuidado que realiza la ABT tanto en el Valle de Tucabaca como en la zona de amortiguamiento que rodea al área protegidas. Reconoció que “en la gestión 2023 es donde se aprobaron más autorizaciones de desmonte, con 9.000 hectáreas y la gestión 2024 con 6.745 hectáreas porque sabemos que el modelo económico productivo de Santa Cruz está en el boom de la soya, la agricultura y (la producción) agropecuaria, lo mismo que el departamento del Beni”.
Con datos en mano, insistió que solo se ejecutó el 45 % de los desmontes autorizados y que el resto, más de la mitad, “todavía se mantiene en bosque”.
A nombre de la ABT han abierto 46 procesos administrativos por desmontes ilegales durante la última gestión. Flores lamenta que ni las autoridades locales ni el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, a quien ofrecieron la información de manera transparente, se hayan sumado a los procesos iniciados.
Al interior del área protegida del Valle de Tucabaca las cifras de desmonte son significativamente menores. Hasta el momento, se cuenta con 1.628 hectáreas autorizadas para el desmonte, pero solo se han ejecutado 456 hectáreas. Según Valdez, la mayoría de estas autorizaciones se emitió en 2020 “y en 2024 no se emitió ninguna autorización”.
Observaciones al PLUS
Desde la ABT se ha objetado la reglamentación de la Ley departamental 2553 de 2003 que aprueba el PLUS de Santa Cruz. Si bien la norma está aprobada y promulgada, se encuentra en periodo de reglamentación. Luis Roberto Flores, titular de la ABT, recalca que él fue quien objetó la ley y la reglamentación propuesta por la Asamblea Legislativa Departamental.
“La ABT realizó observación a detalle en esta fecha, 5 de noviembre del 2024, con fundamento técnico legal haciendo conocer las mismas, incluso ante la Asamblea Legislativa Departamental donde se ha estancado producto de las observaciones realizadas por la ABT. Con este nuevo PLUS van a aducir que la ABT autoriza desmonte en el departamento de Santa Cruz”, alertó Flores.
Las modificaciones realizadas por la ALD al PLUS permitían extender la frontera agrícola y, con ello, “va a venir más desmonte, va a venir más quema y después van a contaminar el medio ambiente”, complementó. Actualmente, la reglamentación de la ley está en manos de la Gobernación cruceña que debe establecer las condiciones bajo las cuales se puede modificar la caracterización inicial del uso de suelo.
Flores también apeló al apoyo de alcaldes, concejales, caciques y corregidores porque “deberían hacernos conocer las irregularidades que ocurren”.
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