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En comparación al 2023, hay 237 avasallamientos en todo el país y la inseguridad de las tierras crece, La preocupación de los productores crece ante la toma ilegal de tierras productivas y el inexistente control. A la cifra contabilizada a 2023 se suman cinco predios invadidos en los últimos meses en el Norte Integrado, donde grupos irregulares inclusive sembraron y cosecharon soya.

El informe de rendición pública de cuentas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en su sección de reporte nacional de avasallamientos y desalojos en Bolivia, mantiene la situación alarmante en el país. De los 237 avasallamientos registrados a 2023 (136, bajo la tuición de esa entidad), solo 36 desalojos fueron ejecutados.

El departamento de Santa Cruz es el más afectado, pero la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema origina conflictos por tierra también en Beni, Cochabamba y otros departamentos.

En mayo, la Asociación de Productores de Oleaginosas (ANAPO) advirtió que la producción de alimentos para el país sufre una nueva amenaza. Esta vez por el riesgo de que al menos 70.000 hectáreas en la provincia Obispo Santiestevan de Santa Cruz, destinadas al cultivo de soya, maíz y sorgo, sean avasalladas por grupos irregulares.  Estos amenazan con tomar los predios titulados, es decir que cuentan con derecho propietario, y donde además se hicieron inversiones y mejoras para la producción de alimentos desde hace más de 30 años. 

“Si se quiere impulsar una política pública de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, un principio básico es tener seguridad jurídica sobre las tierras y derechos de propiedad claros. Que al obtener un título, el productor realmente sea dueño, pueda invertir con certeza, transferir la tierra, dividirla, heredarla o hipotecarla para un crédito productivo”, indica Fernando Asturizaga, abogado especialista en derecho agrario, medioambiente, recursos naturales y desarrollo rural.

 El derecho propietario agrario en Bolivia está severamente afectado por las tomas de hecho de tierras en producción. Esto se debe a que las propiedades agrarias con títulos de propiedad son afectadas bajo nuevas formas de avasallamiento, que consisten en que grupos irregulares se atribuyen las funciones de jueces agroambientales y del propio INRA para exigir a los propietarios que acrediten ante ellos, derechos de propiedad. “Además, entran y salen, sientan presencia en ciertas áreas de los predios e impiden que los propietarios desarrollen sus labores agrícolas”, afirma Asturizaga.

Las personas que componen estos grupos aseveran que necesitan tierra porque hay numerosas familias que necesitan 50 hectáreas y, con ese argumento, amenazan con tomar un aproximado de 70 mil hectáreas bajo la consigna de una “Segunda Reforma Agraria”. 

Muchos propietarios se han visto obligados a interponer acciones de amparo constitucional y denunciar ante el Ministerio Público los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras; y a pesar que se han emitido ordenes de aprehensión y desapoderamiento, todavía esperan la acción policial. “Mientras tanto, el avance en tierras tituladas no cesa y las amenazas tampoco”, comenta el experto.

Vínculos y falta de sanciones ejemplares

En mayo, tras la aprehensión de Rimberto Yavira, uno de los cabecillas de grupos dedicados a la toma ilegal de tierras en del departamento de Santa Cruz, la diputada por Creemos, María Rene Álvarez, advirtió que en caso de que suceda no debería sorprender la posible liberación del acusado, debido a sus supuestos vínculos con el partido de Gobierno. Por ello, pidió al Órgano Ejecutivo demostrar voluntad para luchar contra la toma ilegal de tierras.

Yavira está relacionado con la toma ilegal de tierras en la propiedad El Encanto y de haber participado en el secuestro y torturas durante 2021 a un grupo de periodistas y policías en Las Londras.

Según un reciente informe de Anapo, los productores del Norte Integrado viven en la incertidumbre ante los constantes intentos de avasallamiento a cinco predios (que se sumarían a los 237 registrados a 2023), a pesar de que cuentan con títulos de derecho propietario.  

Los grupos irregulares, activados ahora en el municipio de San Pedro, que intentan tomar 70 mil hectáreas de la zona ponen riesgo la producción de al menos 300.000 toneladas de granos de soya, maíz y sorgo, que deberían estar en plena siembra de la campaña de invierno. Como consecuencia, están en peligro las cadenas de producción alimenticia de pollo, cerdo, leche, huevos, aceite y otros alimentos imprescindibles de la canasta familiar de los bolivianos.    

Mientras tanto en Cochabamba, en especial en la región metropolitana, que abarca de Sipe Sipe a Sacaba, en los últimos meses la toma violenta de predios dejó casi una docena de heridos por armas de fuego. El secretario ejecutivo de la Central Regional de Cotapachi, Lucio Padilla, informó que el conflicto comenzó en junio de 2023, pero fue en agosto que se suscitó un enfrentamiento que dejó ocho comunarios heridos con proyectiles de armas de fuego y 13 detenidos de manera preventiva. Pero algunos ya fueron liberados con medidas cautelares.

Intervención de la Fuerza Pública

De acuerdo con el reporte de avasallamientos a 2023 del INRA, con el apoyo de la fuerza pública, se logró efectuar desalojos en solo 25 de los avasallamientos en Santa Cruz, cinco en Beni, dos en Cochabamba y uno en Tarija. Durante estos operativos, se detuvo a 59 personas involucradas en estos actos ilegales. Además, se recuperaron 31.013 hectáreas, restituyendo así la legalidad sobre estas tierras.

En una reciente columna, Ronald Nostas, expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, afirma que lo ocurrido en Guarayos (Santa Cruz) no es un caso aislado. Asevera que “desde hace 20 años, los avasallamientos de tierras se han vuelto muy comunes en Bolivia; aumentaron en número y en violencia; alcanzan incluso a las propiedades urbanas y; se extienden a zonas mineras, ganaderas y madereras”.

El Ministerio de Gobierno reveló que en 2022 se registraron 272 denuncias por toma ilegal de predios, (el 80% ocurrió en Santa Cruz), aunque la Fundación Tierra estima que estos eventos sobrepasan los 300 anuales.

“El sector productivo requiere una intervención efectiva, que haga cumplir la Constitución, protegiendo las tierras productivas que cumplen la función económico-social, estén tituladas o no, siendo necesario que las autoridades cumplan la palabra del Presidente del Estado, para combatir este problema, que afecta tanto a la propiedad privada como a la estabilidad social y económica del país”, afirma Fernando Asturizaga.

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, en una reciente entrevista aseveró que el 95% de los predios en Santa Cruz cuentan con titulación y que solo un 5% está en revisión. Indicó, por tanto, que los propietarios deberían denunciar para que, en tres días, los jueces agroambientales emitan sentencia, declarando probadas o improbadas las demanda. “En caso de declararse probada, en cuatro días tiene que proceder al desalojo”, enfatizó.

No obstante, la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema agrava los conflictos y muchas veces deriva en enfrentamientos con armas de fuego. Uno de los casos que permanecen en la memoria cercana en Santa Cruz, es el de Santagro, cuya situación permanece en vilo.

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Al igual que la campaña de verano la sequía influyó negativamente en la siembra de invierno con reducción de la superficie proyectada para el 2024. Desde Anapo confirman que sólo se alcanzó el 58% de lo planificado.

Los resultados de la campaña de verano en producción de granos no fueron de las mejores y la siembra de invierno también se perfila a tener los mismos resultados, como consecuencia del cambio climático que afecta al país.

En el caso del trigo, un cultivo estratégico para Bolivia no es autosuficiente, la siembra de invierno cerró con el 58% de la superficie proyectada, según datos brindados por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), representando 75.000 hectáreas de las 130.000 hectáreas planificadas.

Según el gerente general de Anapo, Jaime Hernández esta superficie es sólo la mitad de la oferta del año pasado. “Esta campaña de invierno va a ser una de las peores campañas de producción de trigo que vamos a tener aquí en Santa Cruz, apenas se han logrado sembrar unas 75.000 hectáreas de las 120.000 o 130.000 que teníamos proyectadas inicialmente”, sostuvo.

A decir de Hernández factor clima influyó bastante al no ser favorable para el desarrollo del cultivo, lo que también lleva a concluir que se llegará a una producción apenas de unas 100.000 toneladas de trigo, cuando la demanda es superior a las 800.000 toneladas.

Es una producción muy baja para las necesidades que tiene el país. Es importante seguir incentivando a los productores a través del precio, no solamente para quienes se han animado o se han arriesgado a producir trigo, sino para dar señales claras para el siguiente año a los productores trigueros”, acotó Hernández.

La zona este es por excelencia la de mayor extensión en cultivos, sin embargo en la siembra de invierno de trigo también registró una reducción en la superficie con una cobertura sólo del 60% de lo proyectado.

El presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos la sequía fue el principal factor que influyó en la baja siembra, al indicar que hace 45 días se registró una lluvia de unos 130 milímetros de agua, en pleno periodo de cosecha, humedad que alcanzó para el inicio de la siembra pero no en la etapa de floración.

“En 45 días no ha caído ni un milímetro de agua. Entonces varios chacos están a la mitad germinada y varios chacos están totalmente germinados, pero como no llovió hasta esta fecha, estamos corriendo riesgo que haya pérdidas o afectaciones”, expuso el dirigente.

 

elmundo.com.bo

El bloqueo que llevan adelante los pobladores en el ingreso de San Julián afecta a diferentes sectores productivos, como es el caso de los avicultores. Según el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Avipar), Winston Ortiz, un solo día de freno al sector significa pérdidas por 1 millón de dólares, a lo que se debe sumar que se debe peregrinar para llevar los pollos a los mataderos.

“El pollo no es como el ganado mayor, cumple los 40 días y debe salir al mercado sí o sí, ya que sigue consumiendo alimento y esa es otra pérdida significativa. También implica dejar de llevar el alimento a otros departamentos”, sostuvo Ortiz.

 Mientras que el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Demetrio Pérez, agrega lamentó que esta medida dificulta las labores de siembra de invierno y más si se toma en cuenta el carácter productivo de este municipio cruceño.

“El hecho de no contar con insumos para una siembra en tiempo oportuno implica que haya diferencia en el rendimiento de los cultivos, que ya vienen siendo bajos debido a la falta de biotecnología”, remaraca.

Desde la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (Cadex), el gerente técnico Rafael Riva expresó que todo bloqueo implica sobrecostos logísticos que están a $us 150 diarios a cada empresario.

 

elmundo.com.bo

BOLIVIA - La primera Planta Procesadora de Alimentos Balanceados de Sucre, generará alrededor de 2.000 empleos, entre directos e indirectos, y beneficiará a 233 familias. Su capacidad de producción es de 8 toneladas/día y su almacenaje de granos para grupos pecuarios avícola, bovino, porcino y piscícola es de 1.200 toneladas.

Su recepción definitiva se realizó hace pocos días, este proyecto, se consolida como el primero de estas características en la Capital.

El siguiente paso es transferir el inmueble en favor del Municipio, proceso que podría demorar alrededor de tres meses, antes de crear la empresa municipal que permita poder operarla, informa Correo del Sur.

“Los trámites de transferencia se extenderían hasta marzo. Entonces, lo que pretendemos es que la planta comience a operar a más tardar en mayo de 2024”, indicó la secretaría municipal de Desarrollo Económico, Rose Marie Gardeazábal.

También comentó que el proyecto se concretó a través del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (Focipp), un programa del Estado que busca fortalecer y financiar proyectos orientados a la importación y la infraestructura productiva, al que la Alcaldía postuló y resultó ganador en 2022.

Con la puesta en marcha de esta nueva Planta de Alimentos Balanceados, Sucre pretende convertirse en el proveedor más importante de este producto en el sur del país.

“Ahora, estamos en un proceso de capacitación en el tema del personal técnico, proceso que durará hasta enero. Posteriormente concretamos la transferencia y luego la ponemos en marcha”, recalcó Gardeazábal.

Actores aglutinados en la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) se declararon en emergencia debido a las fallas en el abastecimiento de diésel, lo que frena las labores de siembra de caña en la zona del Norte Integrado cruceño, según el reporte recogido por UNITEL.

El presidente de la entidad cañera, Óscar Alberto Arnez, manifestó que esta situación obliga a convocar a una reunión de urgencia, la cual se logró instalar este miércoles con personeros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Hasta las 22:00 la reunión seguía en pie.

“El sector cañero está muy preocupado, por la falta de combustible. Lamentablemente, el diésel que llegó a los surtidores no aguantó ni seis horas. Tenemos una reunión a las siete de la noche ahora para poder ver los despachos que se están realizando a los surtidores”, sostuvo el ejecutivo respecto a este encuentro que se instaló en la capital cruceña.

Arnez manifestó que hay productores que están haciendo fila en los surtidores a la espera del combustible para poder retornar al campo y continuar con las labores de siembra con miras a uno dejar de lado la producción de caña.

“Estamos empezando lo que es zafra, tendremos un avance de un 20% entre el conjunto de ingenios. El sector cañero se siente muy preocupado porque un día que no se hace la zafra no podemos recuperarlo. Hemos tenido información también que diésel ha faltado por la parte logística del Gobierno”, acotó el ejecutivo.

Al término de la reunión, el presidente de Concabol manifestó que hay un compromiso para “regularizar en estos días” el abastecimiento, ya que la premisa es evitar mayores prejuicios para los ingenios sucroalcoholeros.

“Hay un buen porcentaje de camiones que no tienen diésel y está parado, pero al llenar van a ir a traer la materia prima. Ojalá que en el transcurso de la semana se pueda regularizar la situación y eso fue lo que pedimos a la ANH y YPFB”, expresó Arnez.

Asimismo, sostuvo que la ANH tiene pleno conocimiento que a partir del 15 de junio el 100% de los cañeros va a estar abocado a labores de zafra y para eso se requerirá mayores volúmenes de diésel, por lo que no puede faltar en los surtidores

 

 

por Omar Pereyra | eju.tv

Las exportaciones de semillas y habas de soya disminuyeron de $us 46,8 a $us 13,7 millones (un 70%) al primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año pasado. En productos derivados de soya (industria) también se registra un descenso de $us 251,9 millones a $us 171,4 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La situación se explica por efecto de fenómenos climatológico que afectaron la producción, según la entidad estatal, pero también incide la caída de los precios internacionales que ha provocado la sobreoferta de granos en EEUU, Argentina y Brasil, grandes productores del grano de oro.

Ya en enero, el experto en agronegocios, Alberto Ospital, anticipaba que en el mercado habría sobreoferta. "En el mundo va a crecer más la oferta, no nos olvidemos que estamos saliendo de una pandemia y épocas de inflación. El mundo hoy por hoy está necesitando soya, harina y aceite; sí, pero no al ritmo que a nosotros nos gustaría, porque Brasil y Argentina van a tener súper campañas y los precios bajarán", explicó.

Así, de enero a marzo de 2024 las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) llegaron a $us 1.901 millones, cifra menor en $us 730 millones a la registrada en similar período de 2023, cuando alcanzó a $us 2.632 millones lo que representa una disminución de 27,7%. 

Este comportamiento se explica por las variaciones negativas que registraron las actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 20,2%; extracción de hidrocarburos con un 23,4%, extracción de minerales en 0,3% y la Industria manufacturera con el 42%. En tanto la exportación de energía eléctrica registró una variación positiva del 3,2%, pero solo suma $us 2 millones.

Efectos de la sequía

Hace un mes los soyeros ya pronosticaban los efectos. La sequía en Bolivia causó una pérdida de 800.000 toneladas de soya que repercutirá en el descenso de la exportación del grano y sus derivados a los mercados de Colombia, Ecuador y Perú, dijo en una entrevista el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero.

El sector productor de Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, sufrió una campaña de verano "muy mala" debido a la sequía, una de las más fuertes "en los últimos 30 años" que afectó principalmente los cultivos de soya, maíz y sorgo.

"Se sintió una sequía casi desde el principio de la siembra, desde octubre y noviembre del año pasado. Las lluvias fueron muy esporádicas, se sembró tarde, lo que definitivamente no genera rendimientos óptimos", agregó Romero.

Para agravar aún más la situación, cayeron lluvias intensas que dañaron lo poco que había para cosechar y que repercutieron negativamente "en las exportaciones que se tenían previstas de harina y aceite con lo que se dejará de recibir 300 millones de dólares", según las estimaciones del dirigente.

 

eldeber.com.bo

El tema crónico de los avasallamientos en Santa Cruz una vez más se potencia y en este contexto Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno, fija su posición sobre la toma de tierras en el departamento y hace foco en Guarayos a la que califica como “una tierra de nadie” en la que “hay enfrentamientos de campesinos con interculturales, y también de indígenas con empresarios.

“Entonces es tierra de nadie, como nadie puede tener título en esas tierras, vienen las extorsiones, viene la persecución, se ponen trancas al momento de la producción y generalmente son al momento de la siembra y al momento de la cosecha”, puntualizó del Castillo.

Considera que para encontrar una solución final es necesario un sinceramiento y determinar si Guarayos ¿sigue siendo un parque? o ¿si es tierra fiscal disponible?

“Entonces modifiquemos la norma, digámosle la verdad a Santa Cruz. Donde no hay parque, digamos ¿qué vamos a hacer con estas tierras? Vamos a decirle: este porcentaje para los campesinos, este porcentaje para los empresarios, y busquemos una solución integral”, remarcó la autoridad.

Insiste en que es necesario recurrir al diálogo, porque “cuando concluyen los primeros meses del año es cuando empiezan nuevamente los avasallamientos. Son momentos cíclicos en la historia de nuestro país. Entonces queremos evitar esos enfrentamientos armados donde todos tienen la culpa. Toda la gente que está sentada en ese lugar son corresponsables de lo que está pasando”, aseguró Del Castillo.

Que hizo notar que mientras siga con esa condición (de tierras protegidas) van a seguir los problemas. Entonces, sostuvo que tiene que llegar un momento en que los interculturales, los campesinos, los pueblos indígenas, que ahora están divididos en dos grupos en esa zona del país; los empresarios, el Gobierno y las autoridades departamentales se reúnan en una misma mesa y digan cuál va a ser la solución a estos problemas.

“La solución para nosotros no pasa por meter preso a cinco o seis personas, porque no sabemos si es del grupo de empresarios, si es del grupo de los campesinos, si es del grupo de los indígenas. ¿A quién? ¿Quién es el dueño de esa tierra? “, razonó Del Castillo.

Sobre el tema, Elías Tejerina, ex secretario general de los interculturales de Santa Cruz, indicó que el pedido de diálogo que hace el Gobierno es un aspecto que siempre apoyaron y que hasta el momento no se ha concretado.

Tejerina subrayó que los conflictos son generados porque la Justicia no cumple su labor, pues si bien hay casos de grupos que avasallan predios, también hay “empresarios avasalladores que tienen orden de desalojo, pero que no cumplen y la justicia no dice nada”.

Para el dirigente la propuesta de un encuentro interinstitucional puede ser un paso para solucionar los enfrentamientos por la tenencia de la tierra, aunque considera que si no hay un trabajo adecuado de la Justicia y la Policía, la solución solo será temporal.

“Los interculturales respetamos la propiedad privada. Si hay algún afectado y contaba con su título respectivo, nosotros íbamos a lugar del problema y si eran integrantes de nuestra asociación los que estaban cometiendo alguna ilegalidad se los retiraba de lugar. Nosotros respetamos la ley eso debe quedar claro”, subrayó Tejerina.

Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que es bueno apostar por el diálogo, pero aclara que no se deben confundir el avasallamiento sufrido en Guarayos con los que recientemente se produjeron en el Norte Integrado.

“En el caso de Norte Integrado los predios afectados tienen títulos de propiedad. Por eso se hizo la respectiva denuncia ante las autoridades, por lo que es de esperar que estas cumplan con la norma. Lo que sucede en Guarayos es diferente, es bueno aclarar para que no haya confusiones”, señaló Hernández.

Respeto a la propiedad privada

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aseguró que se asumirán acciones con miras a dar con los responsables de estas situaciones que fueron denunciadas, tanto en la provincia Guarayos como en el Norte Integrado.

La autoridad aseguró que, en ningún caso, ningún avasallamiento está avalado por ninguna entidad del Estado y “esto significa que actuaremos de una manera pronta y oportuna para la recuperación de estos predios y para colocar a los responsables de este tipo de delitos tras las rejas”.

“Todas las personas que han tenido en el pasado algo que ver con este tipo de sucesos ya se encuentran a cargo de la Justicia, los hemos logrado aprehender después de haberlos identificado”, remarcó Aguilera, que reconoció que las pesquisas se ven ralentizadas por la fuga de algunos de los implicados.

Sobre el tema, el comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, Erick Holguín, dijo haber solicitado un informe al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para validar el proceso de la aprehensión de las personas acusadas de avasallamiento de 3.000 hectáreas en la propiedad Monteverde, al norte del departamento de Santa Cruz.

Holguín aseguró que el informe del INRA debe establecer si los denunciantes son realmente los propietarios de las tierras para no incurrir en errores.

“Hay que establecer claramente que muchos de esos terrenos, supuestamente avasallados... digo: 'supuestamente', porque se encuentran muchos con procesos de reversión o declaradas tierras fiscales; quienes son propietarios o eran instrumentos propietarios, arguyen de que estuviesen siendo avasallados y, en algunos de los casos, se encuentran con nueva dotación de tierras”, manifestó Holguín.

Según la autoridad policial, solicitó un informe del INRA para organizar y planificar los operativos y no incurrir (en) el error, que muchas veces es motivado por intereses de quienes eran propietarios; aunque también existen efectivamente avasallamientos."

Agregó que los operativos son instruidos por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para ingresar a las zonas y ejecutar los mandamientos que quedan pendientes. Para ello, afirmó que se están identificando y ubicando a los involucrados en los avasallamientos denunciados.

Eulogio Núñez, director nacional de INRA, explicó que en el tema de los avasallamientos cada institución y autoridad debe cumplir el rol que le toca.

“En el caso del INRA, su labor termina con el saneamiento y la titulación. Cuando surge algún litigio legal el INRA proporciona la información técnica y si los implicados recurren al Tribunal Agroambiental, esa discrepancia de propiedad queda en manos de los jueces agroambientales que en Santa Cruz están en Yapacaní, Pailón, Camiri, Vallegrande y San Ramón. Son ellos los que deben dar un dictamen y ordenar a la Policía que cumpla con el veredicto”, indicó Núñez.

A tiempo de indicar que la celeridad debe estar a cargo de la Justicia que una vez que recibe la denuncias tiene uno 10 días para dar una respuesta a los litigantes.

 

eldeber.com.bo

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Cuando observamos el nivel de preferencia que presenta en el mundo la carne de cerdo, no encontramos demasiada explicación del bajo consumo en nuestro país, que aún cuando en los últimos años ha subido, está muy distante de la ingesta de países desarrollados y, con alto nivel de exigencias de calidad y en materia saludable.

Por: José Pedro Rinaudo


En el mundo, la carne de porcinos tiene un nivel de aceptación tal que su crecimiento sostenido es admirable; desde 1990 hasta fines del año pasado la producción mundial pasó de 65.900.000.000 de TT a 93.600.000.000 de TT, guarismos que nos indican en los 16 años un aumento del 42%, a los efectos de comparar ese comportamiento con la carne bovina, podemos advertir que en ese mismo ciclo ésta solo avanzó un 2%.


El liderazgo es ejercido por China, quien no solo preserva su condición, sino que ha visto consolidar su hegemonía. El bloque económico de la Unión Europea sigue ostentando la segunda ubicación, pero con diferencias substanciales en cuanto a los porcentuales. En 1990, China marcaba el 34% versus el 30% que le correspondía a la UE, en cambio al concluir el 2006, China acapara el 53%, mientras la comunidad europea se queda con el 23%, el tercero en discordia es Estados Unidos con el 10% y muy lejos quedan 4º y 5º respectivamente Brasil 3% y Canadá 2%.

Al observar como se ha acentuado el predominio Chino, parece opacarse la participación de los otros actores del mercado, pero esto no es tan así; en 1990 la UE producía 19.770.000.000 TT, y en 2006 21.528.000.000 TT, lo que nos está indicando que en el viejo mundo se ha acrecentado en casi un 9%.

Un claro ejemplo de desarrollo de producción porcina es Alemania, únicamente superado en ese aspecto por España, (historico dominador continental). En el ciclo analizado la tendencia alcista de la nación germana no se ha visto interrumpida, sacrificándose actualmente 11.000.000 más de cabezas que entonces. En tanto el incremento de obtención de carne de cerdo se amplió en 1.000.000 de toneladas con relación a 1996; esto admite una tasa de crecimiento del 30%.

En consonancia con ello, los alemanes se están expandiendo en infraestructura, bosquejando adecuarla a una faena adicional de 10.000.000 de cerdos adicionales que se faenarán a lo largo de los próximos tres años. Es importante destacar que en ese país, hay una propensión generalizada a aumentar las capacidades de las instalaciones de sacrificio y desposte, ello es consecuente con las ventajas significativas de costo en dichos procesos, en comparación con sus contendientes a nivel europeo.

En Holanda está en auge la carne de cerdo biológica. En esa sintonía se han creado programa para el fomento del consumo de productos biológicos promovidos por el gobierno del reino, por este tiempo la demanda supera en un 10% a la oferta, lo que está indicando del creciente interés del consumidor neerlandés. Por estos días se están faenando unas 1.150 cabezas de porcinos criados con sistema biológico, muy cerca del máximo de capacidad, que es 1.300 diarios. La carne de cerdo biológica se consume en un 50% entre los holandeses, mientras que el resto de la misma se exporta a Alemania, Bélgica y Gran Bretaña.

Cuando observamos el nivel de preferencia que presenta en el mundo la carne de cerdo, no encontramos demasiada explicación del bajo consumo en nuestro país, que aún cuando en los últimos años ha subido, está muy distante de la ingesta de países desarrollados y, con alto nivel de exigencias de calidad y en materia saludable.

La gran raigambre que ostenta en Argentina la carne vacuna, constituye un obstáculo de proporciones no solo para la porcina, sino que también para el resto de carnes alternativas. Otra contrariedad importante preexistente (que aún perdura ) es el preconcepto de que la carne de cerdo causa problemas en la salud. Actualmente el grueso de la producción en nuestro país responde a una alta calidad, resultando comparable las aptitudes a la de los principales productores mundiales

Mucha gente desconoce que la carne porcina, merced a evoluciones genéticas y de alimentación, logró obtener otro protocolo nutricional. Es una magnifica fuente de vitaminas del complejo B, contiene minerales (calcio, fósforo, zinc, hierro) , en tanto que por su contenido de potasio es prescripto en personas con problemas de presión alta. También exhibe la particularidad de ser portadora de menos grasas saturadas y más insaturadas (buenas).

Justamente, producto de los cambios operados que en definitiva significan mejoramientos substanciales, cotejando análisis de 25/30 años atrás, con los de estos días, nos encontramos que actualmente se verifican variantes tales como:

= Carne magra: 20% más = Grasa: 31% menos = Colesterol: 10% menos


= Calorías: 14% menos = Proteínas de alto valor biológico 23%

Algo importante para destacar, es que estudios practicados indican que la gran mayoría de los cortes evaluados resultan más magros, con respecto a los que se realizaban en otros tiempos, pero ello no ha traído aparejado una perdida en el tenor de proteína, que se mantiene inalterable. En mérito de esta realidad, la que aún es ignorada por muchos profesionales de la salud, es menester avanzar con una amplia campaña de difusión, la que posteriormente debería ser masificada a toda la población.

 

Con el propósito de promover la participación y el compromiso del sector privado de Bolivia en la lucha contra el cambio climático y sus impactos negativos, se lanzó en el país la “Acción climática para empresas bolivianas”, creada para que las compañías nacionales se incorporen o avancen con rapidez en el desafío mundial de alcanzar una economía sostenible y de preservación medioambiental, a través de la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y cumpliendo con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global.

Se pretende llevar adelante este objetivo a través de un Acelerador de Acción Climática que brindará un apoyo integral a empresas de distintos tamaños y sectores, que se beneficiarán con una mayor comprensión del impacto que tiene el cambio climático sobre su negocio, conocimiento sobre como alcanzar objetivos basados en ciencia (SBTi), un acceso a herramientas y metodologías de gestión ambiental y sostenibilidad y con la oportunidad de posicionarse como una entidad que contribuye a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible del país.

La iniciativa es impulsada por el Pacto Global de las Naciones Unidas en Bolivia, en alianza con CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ y su programa regional Euroclima), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Bolivia), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Embajada del Reino Unido, la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana (AHK) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Esta iniciativa fue presentada en el marco de un conversatorio realizado en la ciudad de La Paz, en el que participaron líderes del sector empresarial boliviano, autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y representantes de las entidades que organizaron el evento y que se dedican a promover la acción climática, en un contexto donde no hay nación en el mundo que no ha experimentado los dramáticos efectos del cambio climático: inundaciones severas, deslizamientos, cambios en la composición de los bosques falta de agua, sequías y perdidas agrícolas, entre otros.

La Directora Ejecutiva de Pacto Global de Naciones Unidas en Bolivia, Lucia Sossa, explicó que el cambio climático y el calentamiento global se han convertido en el desafío más apremiante de nuestra época, debido a que sus consecuencias están afectando a nuestras comunidades, forma de vida y economía. En ese sentido destacó la importancia del Acelerador para permitir a las compañías, no solo reducir sus emisiones de GEI sino también mejorar su competitividad y fortalecer su sostenibilidad a largo plazo.

Tras el lanzamiento de esta iniciativa, se invitó a todas las empresas bolivianas a participar de la misma para fortalecer su resiliencia al cambio climático y promover su adopción de prácticas sostenibles, se destacó el rol importante que juegan éstas para la mitigación y adaptación, puesto que tienen la posibilidad de fomentar prácticas sostenibles en sus operaciones, impulsar la innovación tecnológica y promover la responsabilidad social corporativa.

En la oportunidad,  las ocho instituciones que impulsan la iniciativa, también firmaron el “Acuerdo de Intención de Trabajo Conjunto por la Acción Climática” en la que expresan su compromiso público de ocuparse del impulso y desarrollo de la acción climática en Bolivia y acuerdan unir esfuerzos para la lucha contra el cambio climático y trabajar conjuntamente en la generación de una incidencia positiva en las empresas bolivianas, promoviendo prácticas sostenibles y responsables con el medioambiente.

En el documento además reconocen la urgencia de la situación climática y la necesidad de una acción colectiva, en ese contexto pactan una colaboración y cooperación estrecha entre sí y con otras entidades no empresariales, gobiernos locales y nacionales y con la sociedad civil.

Asimismo, pactan la promoción de políticas climáticas ambiciosas, a la sensibilización y la educación centradas en el tema, a la incidencia en las empresas, la promoción de alianzas público-privadas y comunitarias y el seguimiento y evaluación de sus propios esfuerzos e impactos en la promoción y de su incidencia en las compañías.

Durante el evento, el Economista principal de CAF en Bolivia, Horacio Valencia, disertó sobre la temática de los recursos naturales, medioambiente y desarrollo sostenible e hizo referencia principalmente a las potencialidades y debilidades de los recursos naturales en América Latina en los ámbitos social, económico y político gubernamental, recordó que la explotación de estos recursos están teniendo impactos ambientales que recaen en la región, que es generadora de solo del 10% de GEI, pero que sin embargo es una de las más afectadas del cambio climático.

Manifestó que desde CAF entienden que la región está enfrentando desafíos respecto al crecimiento económico, la inclusión social y el impacto climático, razón por la cual el Banco se está ocupando de trabajar  en esos ámbitos, y en el tema climático en mejorar la resiliencia y amplificar la sostenibilidad ambiental.

Seguidamente, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) bajo el liderazgo de su Directora Ejecutiva, Angelica Ponce Chambi,  con el equipo de la Dirección de Mitigación para el Vivir Bien de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), Mauricio Fernández y Emilio García Apaza, presentó la Política Plurinacional del Cambio Climático de Bolivia, cuyo objetivo es promover la gestión de la crisis climática en todos los niveles del Estado para que se impulsen acciones de mitigación, adaptación y resiliencia a la crisis climática con medidas de respuesta a sus impactos, daños y pérdidas, en armonía con la madre tierra.

El ejecutivo del sector público indicó que esta política tiene cuatro ejes, el primero relacionado al enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral de los bosques y la madre tierra, el segundo de mitigación del cambio climático con énfasis en los sectores energético, industria, transporte y residuos; el tercero de adaptación al cambio climático y reducción de daños y pérdidas, y el cuarto de aplicación de acciones transversales y mecanismos operativos e institucionales para la implementación de las acciones.

Culminando las presentaciones, los representantes de las empresas Preforte del sector de la construcción, Capital +SAFI del área financiera, Laboratorios Bagó del ámbito farmacéutico y Prolega del sector agrícola industrial compartieron en un conversatorio sus buenas prácticas sostenibles, experiencias exitosas y estrategias de lucha contra los efectos de cambio climático, dentro del panel denominado “Visión y Aporte del Sector Privado Frente a la Acción Climática”.

Se destacaron acciones de producción limpia y eficiente, reciclaje, economía circular o reutilización de residuos o desperdicios, innovación y eficiencia en la producción, cambio de matriz energética, bajo consumo de combustibles, incentivos financieros, creación de valor compartido, rediseño de estrategia empresarial, redefinición de métricas con temas sociales y ambientales, capacitación del personal y generación de alianzas y colaboraciones, entre otras.

 

noticiasfides.com

La secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Ana Patricia Suárez, informó que se activó la alerta amarilla en el departamento de Santa Cruz por los incendios que se registran en los municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

Suárez explicó que se emitió esta alerta para dar cumplimiento de la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos y con la finalidad de prevenir de manera oportuna el riesgo de quemas en el departamento.

Hasta el momento los incendios han afectado aproximadamente 21.640 hectáreas en todo el departamento, por lo tanto, los bomberos forestales de la Gobernación permanecen desconcentrados en la frontera con Brasil, que es de donde provino el fuego.

Los incendios están en Puerto Suárez, en la zona de Otuquis, y en Puerto Quijarro. Además, que existe alerta en los municipios de San Ramón y San Matías.

La autoridad departamental detalló que con esta alerta amarilla se logra operativizar de manera inicial y previsora los recursos y el personal necesarios para la atención de la emergencia de acuerdo a procedimientos.

 

eldeber.com.bo

La industria azucarera de Bolivia se enfrenta a una crisis inminente debido a la falta de diésel, lo que podría desencadenar un desabastecimiento de azúcar y etanol en el país, informó Oscar Arnés, presidente de los cañeros.

Los ingenios azucareros están al borde de detener la molienda debido a la escasez de caña, provocada en gran medida por la falta de combustible para los camiones que transportan la materia prima. Las largas filas de camiones esperando abastecerse de diésel son una imagen común en todo el país, y esta situación está poniendo en peligro la continuidad de la zafra.

Ante esta emergencia, Arnés indicó que hoy se llevará a cabo una reunión crucial entre cañeros e ingenios a las 16:30 horas en las oficinas de la Unión de Cañeros Aguaí (UCA) en Montero. En esta reunión se discutirán estrategias para hacer frente a la crisis y buscar soluciones viables para garantizar la continuidad de la zafra y evitar un posible desabastecimiento de productos derivados de la caña de azúcar.

 

por Nancy Castro
eju.tv

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