Cuestionando la persistente campaña mediática gubernamental destinada a tratar de resaltar los supuestos logros de la actual gestión de gobierno, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, reprochó el cinismo de una administración que deja un país en ruinas y trata de pasar esta pesada carga al próximo gobierno.
El principal cuestionamiento del asambleísta paceño tiene que ver con el alto costo que representa la emisión de publicidad estatal en pleno tiempo de crisis económica, a esto se suma que la administración de Arce, a través de propaganda, trata de destacar logros inexistentes que van a contramano de la realidad que vive la población.
“El cinismo del gobierno de Arce, gastando publicidad millonaria para hacer creer que nos está dejando un país de maravilla, cuando en realidad lo está dejando en ruinas”, sostuvo Alarcón.
Asimismo, identificó una intención para posicionar la idea de que la gestión saliente deja estabilidad, cuando la realidad indica que será el próximo gobierno el que deba asumir medidas drásticas y posiblemente impopulares para revertir el daño que deja el “masismo”.
“Lo hacen para trasladarle el dolo y la responsabilidad al próximo gobierno, que tendrá que asumir la peor parte”, añadió.
Ante este panorama, Alarcón pidió dar celeridad al tratamiento de una normativa que impida a autoridades salientes abandonar el país una vez finalice su periodo de mandato, esto con la finalidad de que rindan cuentas ante la sociedad y la justicia por sus actos en el ejercicio del poder.
“Es un imperativo patriótico aprobar el proyecto de ley que presenté a la ALP y que está estancado en su trámite, para que toda autoridad de alto rango saliente se quede en Bolivia hasta un año después del cese de funciones, y rinda cuentas ante la justicia y el pueblo”, finalizó.
Anteriormente, tras la convocatoria del presidente Arce para sostener una reunión con los dos candidatos habilitados para participar de la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre, con la finalidad de informar sobre el estado de la economía nacional, representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) habían cuestionado que la actual administración persista en gastar recursos en publicidad estatal destinada a destacar logros inexistentes.
“Que se deje de gastar plata en publicidad estatal, ya se están yendo no pueden seguir haciendo propaganda en los medios de comunicación, ese dinero se debe ahorrar para otros gastos más importantes”, dijo Julio Alvarado, vocero del Conade.
El activista también cuestionó que el despilfarro de recursos continue a escasos meses para que el Movimiento al Socialismo (MAS) deje el poder. “Hay que comenzar a cortar el despilfarro como la propaganda oficial en medios de comunicación y que los pocos dólares que ingresan al país se sigan invirtiendo en empresas estatales que además son corruptas”, precisó.
En el mes de marzo de la presente gestión, afirmando que la corrupción es una de las causas principales del “descalabro económico” que vive el país, el diputado Carlos Alarcón presentó ante la ALP un proyecto de ley destinado a sancionar estos actos con penas de hasta 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.
“Mediante esta iniciativa proponemos la inhabilitación perpetua para todos los funcionarios que participen en los hechos de corrupción agravada”, señaló el legislador en conferencia de prensa.
La propuesta normativa también planteaba el decomiso de todos los bienes adquiridos o transferidos ilícitamente a patrimonios de terceros para ocultar la corrupción, además de disponer un arraigo por el lapso de un año después del ejercicio de funciones, para todas las autoridades principales del Estado que cuenten con denuncias de corrupción.
“Este arraigo, al tratarse del Presidente, Ministros de Estado y Máximas Autoridades Ejecutivas de instituciones y empresas del nivel central del Estado en su último año de gestión del período constitucional de mandato, con la sola denuncia, Proposición Acusatoria o querella, por los delitos básicos y agravados señalados en esta Ley, a la autoridad fiscal competente que reciba la misma, bajo su responsabilidad, dispondrá inmediatamente el arraigo preventivo de la autoridad sindicada, con prohibición de salida del territorio nacional hasta un año posterior de finalizar sus funciones, y el registro correspondiente ante la autoridad nacional migratoria”, explicó.
eldiario.net