Bolivia se encuentra entre los últimos lugares del mundo y de la región en el Índice de Estado de Derecho 2025, según el informe del World Justice Project (WJP).
Con una puntuación global de 0,37 el país ocupa el puesto 131 de 143 a nivel mundial y el 29 de 32 en América Latina y el Caribe, solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela. Este índice refleja un deterioro en el Estado de Derecho en los últimos años, ya que en 2015 la puntuación era de 0,41.
El economista Fernando Romero señaló que el deterioro del Estado de Derecho reflejado en el informe del World Justice Project es transversal a la crisis financiera y subrayó que la inestabilidad institucional y la corrupción afectan tanto la justicia como la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones y desarrollo económico.
Además, existe un deterioro de la independencia judicial y deficiencias en el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales, lo que afecta la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática.
A pesar de contar con un sistema democrático, éste no se ha desarrollado plenamente en beneficio de la sociedad ni ha sido respetado en su totalidad por el Gobierno.
El informe del WJP destaca también que la libertad económica y el Estado de Derecho son factores importantes para la seguridad jurídica y económica en inversiones, atraer capital y fomentar el desarrollo económico.
Para revertir esta situación negativa, el nuevo gobierno boliviano debe implementar cambios estructurales profundos en las instituciones, fortalecer el Estado de Derecho, reconstruyendo así la confianza pública y consolidando la democracia.
Esta evaluación pone a Bolivia en un contexto preocupante frente a la región, donde países como Uruguay, Chile y Costa Rica muestran niveles mucho más altos de respeto al Estado de Derecho.
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