Una familia productora denunció este fin de semana un cuarto ingreso de presuntos avasalladores a su propiedad agrícola El Encanto, ubicada en la provincia Guarayos, en Santa Cruz, justo en plena cosecha de soya. Según relataron, alrededor de 50 personas habrían ingresado el sábado por la noche, pese a existir documentación que acredita la legalidad del predio desde 2008.
Grecia Yucra, representante de la familia afectada, explicó que el conflicto data de 2021 y que, pese a múltiples denuncias y reportes, la situación no ha sido resuelta. “Lamentablemente, el día sábado a las ocho de la noche han ingresado nuevamente los avasalladores a mi propiedad. Ya no sé cómo hacerles entender que la propiedad es titulada, la compramos en 2008”, señaló la afectada.
La denunciante sostuvo que el predio cuenta con registros en Derechos Reales e INRA, y reclamó que los dirigentes que encabezan la toma difunden información falsa asegurando que el terreno sería fiscal. “No sé de dónde sacan (los avasalladores) que esta tierra es fiscal. De verdad, no lo entiendo”, sostuvo.
Exigen acción policial inmediata
Yucra detalló que se contactó con la Policía, que habría comprometido una inspección en la zona. Sin embargo, pidió una intervención urgente antes de que el daño productivo sea mayor.
“Queremos una movilización inmediata de la Policía para que vaya y aprehenda a todos los que están ahí. Han entrado justo al área donde estamos cosechando soya diciendo que ese terreno les pertenece”, lamentó.
Agregó que los invasores habrían llegado movilizados desde la comunidad vecina tras una reunión convocada por los dirigentes del avasallamiento.
El conflicto involucra alrededor de 50 hectáreas en producción de soya. La familia teme pérdidas económicas y daños irreversibles a la cosecha si la situación continúa.
Ante el cuarto ingreso irregular al predio, el abogado de la familia afectada, Álvaro La Torre, cuestionó la actuación del Ministerio Público y advirtió una "preocupante permisividad".
“Queremos pedirle al Ministerio Público, señor Róger Mariaca, así como se ocupa de los temas de violencia sexual que es ponderable, que también haga algo respecto a organizaciones criminales dedicadas al avasallamiento”, reclamó.
Según el jurista, la Fiscalía de Guarayos se negó a recibir la denuncia, pidiendo que sea radicada en Santa Cruz de la Sierra, dilatando la respuesta jurídica mientras las labores agrícolas quedan paralizadas.
La denunciante afirmó que entre las personas trasladadas al predio se observan menores y adultos mayores utilizados para justificar la supuesta posesión. “Lamentablemente, están llevando niños y personas adultas, diciendo que son los propietarios. No le engañen a su gente, reprochó.
Recordó que desde el principio pidieron a los involucrados no intervenir el predio ni sembrar, pues la propiedad privada está respaldada legalmente.
En semanas pasadas, la Gobernación cruceña activó una mesa interinstitucional con la Fiscalía, la Policía y el Tribunal Departamental de Justicia para enfrentar estos hechos. El presidente del TDJ, Ismael Quezada, fue categórico:
“El sistema de Justicia va a ser implacable. No va a haber reconocimiento de fueros ni privilegios”.
Por su parte, el fiscal departamental Alberto Zeballos adelantó que se aplicará “todo el rigor de la ley”.
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