Gobierno califica a Guarayos como “tierra de nadie” y pide sincerar el tema de los avasallamientos

El tema crónico de los avasallamientos en Santa Cruz una vez más se potencia y en este contexto Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno, fija su posición sobre la toma de tierras en el departamento y hace foco en Guarayos a la que califica como “una tierra de nadie” en la que “hay enfrentamientos de campesinos con interculturales, y también de indígenas con empresarios.

“Entonces es tierra de nadie, como nadie puede tener título en esas tierras, vienen las extorsiones, viene la persecución, se ponen trancas al momento de la producción y generalmente son al momento de la siembra y al momento de la cosecha”, puntualizó del Castillo.

Considera que para encontrar una solución final es necesario un sinceramiento y determinar si Guarayos ¿sigue siendo un parque? o ¿si es tierra fiscal disponible?

“Entonces modifiquemos la norma, digámosle la verdad a Santa Cruz. Donde no hay parque, digamos ¿qué vamos a hacer con estas tierras? Vamos a decirle: este porcentaje para los campesinos, este porcentaje para los empresarios, y busquemos una solución integral”, remarcó la autoridad.

Insiste en que es necesario recurrir al diálogo, porque “cuando concluyen los primeros meses del año es cuando empiezan nuevamente los avasallamientos. Son momentos cíclicos en la historia de nuestro país. Entonces queremos evitar esos enfrentamientos armados donde todos tienen la culpa. Toda la gente que está sentada en ese lugar son corresponsables de lo que está pasando”, aseguró Del Castillo.

Que hizo notar que mientras siga con esa condición (de tierras protegidas) van a seguir los problemas. Entonces, sostuvo que tiene que llegar un momento en que los interculturales, los campesinos, los pueblos indígenas, que ahora están divididos en dos grupos en esa zona del país; los empresarios, el Gobierno y las autoridades departamentales se reúnan en una misma mesa y digan cuál va a ser la solución a estos problemas.

“La solución para nosotros no pasa por meter preso a cinco o seis personas, porque no sabemos si es del grupo de empresarios, si es del grupo de los campesinos, si es del grupo de los indígenas. ¿A quién? ¿Quién es el dueño de esa tierra? “, razonó Del Castillo.

Sobre el tema, Elías Tejerina, ex secretario general de los interculturales de Santa Cruz, indicó que el pedido de diálogo que hace el Gobierno es un aspecto que siempre apoyaron y que hasta el momento no se ha concretado.

Tejerina subrayó que los conflictos son generados porque la Justicia no cumple su labor, pues si bien hay casos de grupos que avasallan predios, también hay “empresarios avasalladores que tienen orden de desalojo, pero que no cumplen y la justicia no dice nada”.

Para el dirigente la propuesta de un encuentro interinstitucional puede ser un paso para solucionar los enfrentamientos por la tenencia de la tierra, aunque considera que si no hay un trabajo adecuado de la Justicia y la Policía, la solución solo será temporal.

“Los interculturales respetamos la propiedad privada. Si hay algún afectado y contaba con su título respectivo, nosotros íbamos a lugar del problema y si eran integrantes de nuestra asociación los que estaban cometiendo alguna ilegalidad se los retiraba de lugar. Nosotros respetamos la ley eso debe quedar claro”, subrayó Tejerina.

Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que es bueno apostar por el diálogo, pero aclara que no se deben confundir el avasallamiento sufrido en Guarayos con los que recientemente se produjeron en el Norte Integrado.

“En el caso de Norte Integrado los predios afectados tienen títulos de propiedad. Por eso se hizo la respectiva denuncia ante las autoridades, por lo que es de esperar que estas cumplan con la norma. Lo que sucede en Guarayos es diferente, es bueno aclarar para que no haya confusiones”, señaló Hernández.

Respeto a la propiedad privada

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aseguró que se asumirán acciones con miras a dar con los responsables de estas situaciones que fueron denunciadas, tanto en la provincia Guarayos como en el Norte Integrado.

La autoridad aseguró que, en ningún caso, ningún avasallamiento está avalado por ninguna entidad del Estado y “esto significa que actuaremos de una manera pronta y oportuna para la recuperación de estos predios y para colocar a los responsables de este tipo de delitos tras las rejas”.

“Todas las personas que han tenido en el pasado algo que ver con este tipo de sucesos ya se encuentran a cargo de la Justicia, los hemos logrado aprehender después de haberlos identificado”, remarcó Aguilera, que reconoció que las pesquisas se ven ralentizadas por la fuga de algunos de los implicados.

Sobre el tema, el comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, Erick Holguín, dijo haber solicitado un informe al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para validar el proceso de la aprehensión de las personas acusadas de avasallamiento de 3.000 hectáreas en la propiedad Monteverde, al norte del departamento de Santa Cruz.

Holguín aseguró que el informe del INRA debe establecer si los denunciantes son realmente los propietarios de las tierras para no incurrir en errores.

“Hay que establecer claramente que muchos de esos terrenos, supuestamente avasallados... digo: 'supuestamente', porque se encuentran muchos con procesos de reversión o declaradas tierras fiscales; quienes son propietarios o eran instrumentos propietarios, arguyen de que estuviesen siendo avasallados y, en algunos de los casos, se encuentran con nueva dotación de tierras”, manifestó Holguín.

Según la autoridad policial, solicitó un informe del INRA para organizar y planificar los operativos y no incurrir (en) el error, que muchas veces es motivado por intereses de quienes eran propietarios; aunque también existen efectivamente avasallamientos."

Agregó que los operativos son instruidos por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para ingresar a las zonas y ejecutar los mandamientos que quedan pendientes. Para ello, afirmó que se están identificando y ubicando a los involucrados en los avasallamientos denunciados.

Eulogio Núñez, director nacional de INRA, explicó que en el tema de los avasallamientos cada institución y autoridad debe cumplir el rol que le toca.

“En el caso del INRA, su labor termina con el saneamiento y la titulación. Cuando surge algún litigio legal el INRA proporciona la información técnica y si los implicados recurren al Tribunal Agroambiental, esa discrepancia de propiedad queda en manos de los jueces agroambientales que en Santa Cruz están en Yapacaní, Pailón, Camiri, Vallegrande y San Ramón. Son ellos los que deben dar un dictamen y ordenar a la Policía que cumpla con el veredicto”, indicó Núñez.

A tiempo de indicar que la celeridad debe estar a cargo de la Justicia que una vez que recibe la denuncias tiene uno 10 días para dar una respuesta a los litigantes.

 

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