Hay pocas razones para celebrar el Día del Medioambiente en Bolivia

“Profundamente preocupante”, con esas palabras definió David Boyd, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, la situación de Bolivia en este tema.

A través de su cuenta de X, instó a que el Estado boliviano deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales, que a menudo son indígenas, pero además que implemente leyes ambientales y cambie la economía extractivista.

El comentario lo hizo a menos de un mes del 5 de junio, cuando se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente.

Cumbre de defensores

En Cochabamba, también en abril, representantes de al menos una docena de territorios autoproclamados en resistencia por las políticas extractivas y la persecución, se reunieron para exponer sus experiencias y mostrar una dura coyuntura ambiental. 

La convocatoria para este encuentro fue de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap). “Bienvenidos al club”, nuestra solidaridad por el acoso, dijo con humor Ruth Alípaz, a los primeros que compartieron las dificultades que viven en sus distintos territorios, y recalcó la importancia de mostrar lo que está ocurriendo, no como problemas de regiones, sino como una situación generalizada en toda la superficie nacional.

Enfatizó, además, en la relevancia de mantenerse organizados para denunciar como colectivo, ante la vulnerabilidad en la que se encuentran especialmente los dirigentes.

Persecución judicial

Sobre este punto, Rony Zambrana, en representación de El Portón, contó el conflicto con un ganadero que alambró en la zona, sin permiso de los originarios, y quien luego denunció en la Fiscalía al cacique de la comunidad Candelaria, por robo agravado.

Pero además observó que al no mover el caso el ganadero, el fiscal igual lo convocó. “Se buscó un mal abogado, que lo llamó a ‘arreglar’ para evitar Palmasola. En tres audiencias le sacaron como Bs 3.800 al cacique, que vive de la tierra, que es joven y tiene dos gemelos, a estas alturas, cuando hay sequía y los incendios trajeron plagas”, se solidarizó.

Zambrana dijo que los asesores legales de las centrales indígenas son más especializados en Derecho Civil, o Penal, pero que no se enfocan en la jurisdicción indígena.

“Si se enfocaran no pasaría lo que ocurrió al cacique, al que además de sacarle plata, le dieron un motivo de preocupación en la familia porque el ganadero tiene plata”, lamentó.

En esa zona, Zambrana dijo que los mayores problemas llegan con avasallamientos, el afán de quitar la tierra a los indígenas, y la extracción de la madera.

Minería

Otro ejemplo que puso fue el de Santo Corazón, donde llegó una empresa minera a responder al “abandono y olvido” de las comunidades. “Esto las hace vulnerables a los originarios, porque llegan y les ofrecen caminos, etc.”, contó en Cochabamba.

Por su parte, Ruth Alípaz, rescató que es imprescindible conocer la realidad, pero desde los que habitan los distintos territorios. “Sabemos que nos pondrán trabas, pero los pueblos indígenas no necesitamos de nadie para ejercer nuestros derechos”, recordó.

Represa en Guayaramerín

Los representantes de Guayaramerín también asistieron a la ‘cumbre’, para exponer su rechazo a proyectos de represa en la zona, pero cuestionaron que ya ven proyectada la construcción. Aseguraron que mucha gente, también en Riberalta, se está sumando a rechazar actividades que conllevarían la destrucción de los ríos.

“Se analiza la posibilidad de una actividad anual para llegar a la conciencia de la gente, sobre lo que estamos viviendo”, indicaron.

A eso agregaron la avalancha minera, especialmente en el río Beni. “Por eso estamos viendo que el gobernador emita alguna ley de protección para los ríos Beni, Mamoré y Yata”, anunciaron.

Otra preocupación para ellos es que en eventos ambientales aparezcan representantes de ellos, a los que no conocen. “Hay suplantación de los verdaderos defensores ambientales”, apuntó.

Los weenhayek y el Pilcomayo

Otra representación invitada al evento de la Contiocap fue la del pueblo weenhayek, que habita en las orillas del río Pilcomayo, y que vive de la pesca. El dirigente invitado, Francisco Pérez Nazario, explicó que esta actividad sufrió un impacto muy grave en 2022 y 2023.

“Estamos muy preocupados por la contaminación y encima hay malos hermanos que se prestan a negociar con las autoridades. No hemos podido sacar nuestro propio análisis del agua”, dijo, ya que anteriormente se hizo toma de muestras de parte de la Gobernación de Tarija y del Gobierno central, que dieron resultados distintos.

“Todo esto generó dudas entre la gente, que dejó de consumir. Es complicado para nosotros,” dijo. Pérez también observó que, mientras que las autoridades están ocupadas con sus intereses personales, y la dirigencia más arriba, en jerarquía, “está comprada”, hay indígenas procesados por reclamar sus derechos.

“Dionisio Tórrez, del Consejo de Ancianos, ha sido judicializado por reclamar el tema petrolero. Militarizaron y persiguieron con la fuerza pública”, denunció. Otros problemas, dijo, es que no tienen acceso ni al gas, y actualmente se encuentran con complicaciones para que el agua les llegue con regularidad, debido a “la seca”.

Deforestación en Villa Montes

Ludmila Pizarro, ambientalista en la región chaqueña de Villa Montes, abordó el impacto de la desforestación en una zona de alta vulnerabilidad, que ya está siendo azotada por temperaturas extremas. “El calor solo lo conocemos los que vivimos allá y por periodos cada vez más prolongados, de seis meses, de octubre a marzo, lo que va relacionado directamente con otros temas, como agua potable y sistemas de salud. No hay satisfacción en vivir en un lugar con más de 50 grados centígrados”, dijo además sobre las consecuencias en el desplazamiento de pueblos originarios.

 

“De seguir así, los primeros en desaparecer serán los indígenas”, alertó. Otra preocupación para Pizarro tiene que ver con el anuncio de hidroeléctricas. Confesó que oponerse le ha costado el acoso de actores públicos.

No los reconocen en Sud Lípez

Otro pueblo indígena invitado fue el chichas, de Sud Lípez. Dijeron que siempre hicieron respetar su territorio ancestral, que era libre de contaminación, pero que ahora “en vano” había una Constitución Política el Estado.

Contaron que están siendo judicializados, y que no son los únicos de tierras altas, y agradeció el apoyo de una entidad mayor. Entre otras situaciones, mencionaron a la Policía, que se niega a reconocer la jurisdicción indígena, y también a la Ley minera, que “el Estado boliviano jamás ha consultado, por lo menos no a los habitantes originarios de la zona”.

Aludieron a Hilarión Mamani, que estuvo en Conamaq, y que luego pasó a senador. “Es el primer contaminador, y fue uno de los autores de esa normativa minera”, cuestionó.

Según la representación, los cinco ríos de la nación chicha, que desembocan en el Pilcomayo, están contaminados. Pidieron que los eventos ambientales se realicen en los territorios ancestrales, no en las capitales.

“Todos tenemos derecho de defender nuestros territorios y de publicar lo que está pasando”, dijeron sobre varias amenazas que han recibido.

Temor en Vallegrande

También intervino Gary Rodríguez, de Vallegrande, por el proyecto Rositas. “Nuestra lucha es para evitar que queden bajo el agua 12 comunidades, que habitan un lugar rico en biodiversidad, para nosotros Rositas es una amenaza”, advirtió.

También estuvieron presentes los representantes de Tariquía, de las naciones Qhara Qhara, Uchupiamonas, del Territorio Indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta.

De parte del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Miguel Miranda, especialista en derechos humanos, dijo que si bien se está poniendo más en agenda a los defensores ambientales, también “ha crecido la intensidad y la impunidad de los actores de los distintos extractivismos en los territorios”.

Para el CEDIB, desde el nivel público se ha cooptado y absorbido a las organizaciones sociales, y se han identificado patrones, como la judicialización de los defensores, paralelamente al deterioro de la institucionalidad. 

Recordó que es un derecho defender derechos, entre estos los ambientales, al amparo de las Naciones Unidas.

 

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