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Carretera y minería ilegal son las dos amenazas que acechan al parque Madidi

MEDIOAMBIENTE
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Ruth Alipaz es la representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap). La líder indígena dice que en el Madidi ya no viven en paz y culpa a la minería ilegal de destrozar su territorio. Ella asegura que la extracción de oro avanza lentamente por los ríos amazónicos que son parte de la reserva y que los mineros pretenden consolidar una carretera que atraviesa la zona de “protección estricta” del Madidi.

“Es muy paradójico que los cooperativistas auríferos exijan seguridad jurídica. Nosotros como Contiocap hemos emitido un pronunciamiento sobre estas demandas que están haciendo las cooperativas que sitian y bloquean la ciudad de La Paz cada que deciden llevar sus movilizaciones a la sede de gobierno. ¿Más seguridad jurídica, para qué?”, cuestiona Alipaz, quien aclara que en el asunto de la seguridad jurídica las cooperativas mineras buscan más inversiones del exterior para ingresar a diferentes zonas del país.

La dirigente detalla que la minería ilegal está avanzando por el río Tuichi, que atraviesa la zona núcleo del Madidi. Además, denuncia que los mineros, en complicidad con algunos comuneros, expulsaron a guardaparques del lugar para extraer el oro sin problema. “Parecen los dueños y señores del territorio. No se dan cuenta que nos están matando poco a poco y que están matando una de las reservas más biodiversas del mundo”, dice.

En el Madidi, ubicado en el norte del departamento de La Paz, en Bolivia, habitan más de 12.000 especies de plantas vasculares, 1.100 especies de aves y cerca de 300 especies de mamíferos. Además, esta reserva reúne bosques nubosos, selvas de tierras bajas, ríos, arroyos, pantanos y hasta glaciares que están en los Andes bolivianos. El Madidi es hogar del 3,7% de los vertebrados y casi del 10% de las aves que vuelan los cielos.

Es ahí donde también planean tumbar miles de árboles para consolidar un proyecto carretero que uniría los pueblos de Pelechuco y Apolo, en el departamento de La Paz. Lo paradójico es que esos municipios ya están unidos por un camino que bordea la reserva, pero la intención ahora es restar tiempo al viaje entre esos poblados. La senadora Cecilia Requena, que es parte de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y es activista ambiental, denuncia que en el Madidi la situación está sin control.

Minería ilegal en el Madidi

Del 3 al 8 de abril se registraron 22 ingresos de mineros ilegales a las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas. “Lo del Madidi es grave. Es una situación de desprotección. Incluso hay una decisión judicial de un juez agroambiental en 2023, quien dijo que toda la minería ilegal en el Madidi debería ser retirada por el Estado, pero no ha pasado nada hasta ahora. Es minería ilegal in fraganti, pero no se hace nada. La minería sigue contaminando nuestros ríos en el Madidi, sigue devastando los bosques y se sigue generando un etnocidio en nuestros pueblos indígenas”, lamenta Requena.

Una de las zonas críticas en el Madidi es la comunidad Santa Cruz del Valle Ameno, en el municipio de Apolo, en el norte de La Paz. Por este pueblo se ingresa al Madidi y ahí está un puesto de control de los guardaparques que, desde hace un año, ya fue rebasado por los mineros. Los comuneros de esa área denuncian que por ahí ingresan todos los días varias camionetas cargando barriles de diésel para que funcionen las máquinas de los mineros.

De acuerdo con los informes de los guardaparques y publicados por SOStenibles, en siete días del mes de abril de este año ingresaron al Madidi 53.000 litros de diésel por la comunidad Santa Cruz del Valle Ameno. De esa cantidad de combustible, según dijo un guardaparque que pidió el anonimato, 6 600 litros tuvieron destino a Santa Rosa y 46.640 litros fueron hacia Virgen del Rosario Santa Clara, dos poblados pequeños que están al interior del área protegida.

Otras de las comunidades afectadas por la minería ilegal son Azariamas y Suyo Suyo, dos zonas que están en el núcleo de la reserva natural. Según Edgar Villca, quien es parte del Control Social de las poblaciones inmersas en el Madidi y otras áreas protegidas. El Control Social es una organización de comunidades y sindicatos que tratan de proteger sus territorios. El dirigente aclara que ahora la actividad minera está paralizada en las dos comunidades, pero que la maquinaria de los mineros todavía está en el lugar.

A orillas del río Tuichi, en cambio, la situación ha empeorado, pues se instalaron varios campamentos de mineros cooperativistas que operan de forma ilegal e impiden, mediante trancas, que los guardaparques accedan al lugar. Muchos de los funcionarios fueron amenazados y expulsados de las áreas que protegen. Sólo hasta marzo de este año, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emprendió acciones legales para frenar las actividades ilícitas y empezó a desalojar las maquinarias. Esta entidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, afirma que seguirán realizando controles no solo en el Madidi, sino en todas las áreas protegidas.

«Sé que estaban operando en algunas comunidades del Madidi, y para eso necesitan licencia ambiental y permiso del Sernap. No tienen, y se amparan con papeles de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que no sabemos si es oficial o falso. Nosotros hacemos los procesos administrativos para la paralización de la actividad y el desalojo, pero no cumplen. No hay presencia institucional en el sector y poco o nada se puede hacer”, explicó un guardaparque que pidió el anonimato.

La AJAM asegura que no emitió ninguna licencia a cooperativas mineras para que operen en el Madidi o en Apolo. Es más, la AJAM dice que “condena” estas actividades ilegales. “La AJAM reafirma su compromiso con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales en el marco de la transparencia y en cumplimiento de sus atribuciones”, dice una parte del texto enviado por la organización a Mongabay Latam.

La idea de partir el Madidi

La senadora Requena acusa también a las cooperativas mineras de abrir caminos al interior del parque nacional y de otras áreas protegidas cercanas. “Esos caminos sólo llaman al avasallamiento de tierras y lo peor es que ya existe ese camino que une Pelechuco y Apolo, lo único que quieren es ahorrarse unas horas pasando por el parque nacional. Esto merece atenciones extraordinarias de tipo ambiental y no andar promoviendo carreteras que son redundantes”.

A pesar de las críticas de la senadora Requena, esta vía es impulsada por la Gobernación de La Paz. Tiene un presupuesto de 7,2 millones de bolivianos (poco más de un millón de dólares). Esta carretera también afectaría al Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, que limita con el Madidi.

Según la Gobernación de La Paz, la intención de este proyecto es “integrar zonas potenciales para la agricultura, ganadería, minería y turismo con el resto del país”, por lo que pretende hacer realidad la vía que tendrá una longitud de 120 kilómetros.

Álex Villca, vocero de la Contiocap, denuncia que esta carretera forma parte del plan Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que es una iniciativa de 12 países de Sudamérica para la integración física en las áreas de transporte, telecomunicaciones y energía, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible en la región. El dirigente dice que esta iniciativa tiene la intención de facilitar el “saqueo” de los recursos naturales del Madidi y Apolobamba, como el oro, la madera y los animales silvestres.

“Esta carretera es para el avance minero extractivista, ya están las empresas chinas y colombianas en nuestros ríos, después vendrán de otras nacionalidades. Poco a poco están tomando control de nuestros territorios y eso implica controlar las áreas protegidas y territorios indígenas. Esos recursos ni siquiera se quedarán para el país”, advierte el dirigente indígena.

Según el director del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) La Paz, Yordi Calle, este proyecto tiene el visto bueno del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para realizar un pre estudio en zona de protección estricta. “(El Sernap) indica que otorga una franja para el estudio de preinversión, entonces también se compromete a coadyuvar al Sedcam y a la empresa consultora”, afirma Calle.

Guardaparques en riesgo

Que el Madidi sea un parque nacional no ha sido impedimento para el ingreso de mineros auríferos que hasta se atrevieron a expulsar a los guardaparques de esta área protegida. Raúl Santa Cruz, guardaparque que trabaja hace 20 años cuidando el Madidi, relata que el 30 de marzo de 2023 se enteró de una concentración de maquinaria pesada para la minería que pretendía ingresar al sector de Virgen de Rosario, una comunidad que está a orillas del río Tuichi, dentro del parque. Ocho guardaparques se dirigieron al puesto de control, mientras que aproximadamente a la 1 de la tarde de ese día empezaron a llegar retroexcavadoras y volquetas.

A las 7 de la noche de ese día llegó el minero Ramiro Cuevas, dueño de la cooperativa Virgen del Rosario, y solicitó ingresar con las maquinarias pesadas al área protegida, pero el pedido se le negó ya que no contaba con documentación de permiso. “Como jefe de protección, tomé la palabra, le dije (a Cuevas) que, para realizar cualquier obra o proyecto, tiene que haber aprobación y licencia ambiental. Ramiro no quiso, no le gustó y me trató mal, con palabras despectivas. Me amenazó, se levantó de la silla, y vino hacia mí para agredirme”, relata Santa Cruz.

A la 1 de la mañana del 24 de marzo de 2023, las maquinarias lograron ingresar al Madidi bajo presión y amenazas. “Ya no hemos podido hacer nada, había mucha gente y teníamos miedo”, cuenta Santa Cruz.

Sin embargo, en una declaración presentada por Cuevas en la Fiscalía de La Paz, el minero empieza por decir que él no es empresario minero y que no es dueño de una cooperativa en el norte del departamento paceño. En un documento enviado a líderes ambientales que apoyan a Santa Cruz, explicó que “me bajé para pedir que cedan paso a los vehículos particulares, reclamo que también realizaron varias personas perjudicadas por la trancadera, pero nunca pedí paso para maquinaria pesada”.

Ramiro Cuevas también afirmó que es agricultor y que esa actividad es el sustento de su familia. Sin embargo, en la plataforma de Facebook de Agenda Minera, un medio local dedicado a temas de la minería, Cuevas aparece desde 2021 hablando de la reactivación de la minería tras la pandemia y advirtiendo sobre la posibilidad de tomarse las oficinas del Parque Madidi para protestar contra Marcos Uzquiano, exguardaparque de esa reserva y fuerte opositor a la minería en esa área protegida.

Raúl Santa Cruz dice que vivió un calvario. Sufrió agresiones, amedrentamiento y hasta un proceso penal que le instaló Cuevas por difamación en marzo de 2023. Hace un mes logró salir victorioso de esa demanda, pero se entristece porque el Madidi no ha podido liberarse de la minería ilegal.

La misma demanda se instaló contra Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques Agentes de Conservación (Abolac), quien solo expresó su solidaridad a Santa Cruz a través de sus redes sociales. Uzquiano también fue liberado de culpa.

Según Santa Cruz, ahora es “muy difícil” trabajar en el Madidi. Dice que incluso hay zonas donde no pueden ingresar porque existen trancas que evitan el recorrido de control que hacen los guardaparques. También lamenta que algunos líderes de las comunidades indígenas del Madidi se hayan inclinado por la minería ilegal, lo que hace más difícil el control en varios puntos del parque nacional.

El director del Sernap, Johnson Jiménez le dijo a Mongabay Latam que esa entidad garantiza el trabajo de los guardaparques y, para facilitar su labor, en mayo se inició la instalación de antenas satelitales para acceder a internet y así tener contacto directo con los guardianes de las áreas protegidas. El funcionario asegura que son cinco antenas instaladas en diferentes áreas protegidas, una de ellas el Madidi.

“El servicio de las antenas satelitales será un beneficio para comunicarse en nuestras cinco áreas protegidas. Para nosotros es una realidad más que nos hace avanzar, poco a poco, con el desarrollo de nuestro país y nuestras áreas protegidas”, relató Jiménez.

Según el Sernap, la instalación de estas antenas satelitales facilitará la efectividad del monitoreo de las áreas protegidas. Además, servirá para comunicación, coordinación eficiente y reportes de gestión técnica en situaciones de emergencia con todos los actores protectores de las reservas y de los pueblos indígenas y autoridades.

“En las comunidades hay trancas, es difícil entrar, incluso dentro del parque (Madidi), no nos dejan cumplir con nuestras funciones. El problema es que los dirigentes de las comunidades coordinan con los representantes de la minería, diciendo que perjudicamos el desarrollo. Entramos a los lugares, pero nos ponen condiciones, nos dicen qué hacer y qué no hacer durante las inspecciones en las áreas de actividad minera”, denuncia Santa Cruz.

Pese a las incertidumbres, un hilo de esperanza recorre todavía por el Madidi. Aún hay comuneros que están dispuestos a defender su territorio y colaborar con Sernap. El guardaparque Francisco Pana asegura que en abril de este año se instaló una barrera junto a la comunidad de San José de Uchupiamonas, en medio de la reserva, para resguardar el parque de la entrada de mineros.

A pesar de esto, Pana dice que esta es una medida frágil. Pide más apoyo y más guardaparques. El Madidi solo cuenta con 12 guardaparques en la zona central, y un total de 26 para toda la extensión del área natural. Así, asegura, su labor es difícil.

Pana sugiere instalar emprendimientos ecoturísticos, para él esta sería una medida desesperada para proteger al Madidi y evitar el ingreso y el avance de la minería ilegal.

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