El silencio de la selva es interrumpido por machetes y disparos, junto con gritos y muertes. En el norte amazónico, los productores y trabajadores enfrentan una lucha por la sobrevivencia durante la zafra de castaña, que se ha convertido en un conflicto por las tierras.
Comunidades no productivas invaden terrenos titulados, provocando violencia y desalojo de familias. Esta situación amenaza un negocio de hasta 200 millones de dólares al año y afecta a más de 5,000 trabajadores.
Las comunidades que tienen tierras no las trabajan, lo que provoca que al iniciar la zafra se desplacen a las barracas, causando enfrentamientos. Desde 2021, la violencia ha aumentado, con muertes y heridos, y el gobierno no ha tomado acciones efectivas. La zafra atrae a alrededor de 15,000 recolectores cada año, pero la disputa por más de un millón de hectáreas sigue sin resolverse.
Las comunidades permanecen en sus tierras hasta octubre y, al llegar la zafra, abandonan sus parcelas. Durante este tiempo, se dedican a la caza indiscriminada y a deforestar, lo que agrava el daño ambiental. La castaña es vital para la economía de la Amazonía boliviana y Pando es la región con mayor producción, apoyando a miles de familias desde los recolectores hasta los exportadores que llevan el producto a mercados internacionales.
El senador Fernando Vaca advirtió que los avasallamientos se han convertido en algo recurrente durante la zafra, con ejemplos de violencia. A pesar de que el saneamiento de tierras en Pando finalizó en 2008, la inseguridad jurídica persiste y algunos intentan formar nuevas comunidades ilegales.
El presidente de la Cámara de Exportadores del Norte, José Edgar Blacutt, expresó su preocupación por los avasallamientos que amenazan el sector castañero. Aunque al principio pueden parecer casos aislados, su impacto puede perjudicar la demanda internacional del producto. Las barracas, esenciales para la recolección, abarcan grandes áreas y han sido asumidas en su mayoría por comunidades indígenas, aunque siguen las ocupaciones mayores.
Productores como Mauricio Fernández denunciaron que grupos organizados invaden barracas, utilizando la violencia para hacerse con la producción y amedrentar a los trabajadores. La producción ha disminuido considerablemente, afectando el empleo en la región. A pesar de las denuncias, la respuesta de la policía y la fiscalía es ineficaz.
La ABT informó que en Pando hay más de 1.5 millones de hectáreas bajo el Decreto Barraquero, pero estas tierras no cumplen con las normativas necesarias, lo que genera dudas sobre la titularidad y promueve los avasallamientos. La castaña se ha vuelto un símbolo de conflicto y pérdida económica, mientras la justicia sigue ausente.
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