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La CIDH solicita que el Estado establezca estrategias y plazos para combatir la contaminación minera

MEDIOAMBIENTE
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“Ya no tenemos vida, no podemos sembrar, no tenemos agua ni para tomar, agua llevamos desde el pueblo, en bicicletas, en autos, nuestra plata nos cuesta para llevar el agua”. La voz de Emiliana Apaza, vecina del ayllu San Agustín de Puñaca, abrió la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy, sobre la contaminación minera en las comunidades de la cuenca del lago Poopó, de Oruro.

Luego de recibir la denuncia de contaminación, que estuvo sustentada por estudios científicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminación minera de la cuenca del Poopó, pero también en los demás proyectos mineros del país.

Los representantes del Gobierno replicaron que la política nacional está contenida en la Constitución y, sobre el caso concreto de Puñaca dijeron que existe un proyecto de agua potable que, por competencia, debe ser desarrollado por el municipio de Poopó. Si bien el proyecto ha sido elaborado, los técnicos dijeron que le hicieron varias observaciones que no fueron respondidas por las autoridades municipales.

Los comisionados de la CIDH recordaron que el caso de Puñaca no es nuevo, que la comisión lo viene tratando desde hace años, que además se recibió la denuncia en la visita in loco realizada el año pasado y que la recomendación para restaurar los territorios está contenida en el informe de esa visita titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”, y también en el informe país.

“La remediación de fuentes de agua contaminadas es crucial para restaurar la salud y los medios de vida de estas comunidades afectadas desde hace muchos años, y teniendo que cuenta que el acceso al agua es fundamental para el disfrute de otros derechos de las generaciones presentes y futuras, es necesario reparar los territorios contaminados y degradados por las actividades extractivas”, expresó este lunes el relator especial para los derechos económicos, culturales y ambientales, Javier Palumo.

Palumo, además, pidió a la representación del Estado que dé a conocer los planes no solo de largo plazo, sino los inmediatos, además de plazos específicos para estas comunidades.

Entre tanto, el relator para Bolivia, José Luis Caballero, se remitió a la recomendación 10 del informe país, en sentido de que “el Estado tiene que diseñar e implementar una política pública nacional con perspectiva intercultural y educativa para el manejo de sustancias tóxicas, prevención y reparación por contaminación ambiental”.

Recordó que el párrafo 64 del informe sobre la visita in loco indica que la contaminación y la industria extractiva tienen afectaciones en el buen vivir, previsto en la Constitución boliviana, mientras que el párrafo 216 señala que “las afectaciones derivadas de daños ambientales han impactado dere chos de pueblos indígenas, originario campesinos y afrobolivianos. Una de ellas, las consecuencias de contaminación del agua y la desaparición del lago Poopó a causa de la minería en el Ayllu San Agustín de Puñaca, Subcuenca Poopó, en Oruro”. Caballero exhortó al Estado a cumplir esas recomendaciones.

LA DENUNCIA

Emiliana Apaza, con voz entrecortada, continuó con su relato indicando que los comunarios están abandonados y que no existe solución a su demanda para que se frene la contaminación minera. Indicó que de los 300 comunarios que eran, ahora sólo quedan unos 100 porque la mayoría prefiere migrar para buscar mejores días.

Abel Machaca, primera autoridad del ayllu, explicó que el agua no es apta para el consumo humano ni de los animales, “pero nuestras autoridades no nos escuchan, nos dicen que para ellos parecería que es normal esa contaminación, que es normal que mueran nuestros animales, que es normal que estemos enfermos, no podemos vivir así”.

Machaca pidió ayuda a la CIDH para que cese la contaminación minera del río Huanuni. “Por lo menos que haya planes, pero que se ejecuten, que se realice la mitigación, estamos pidiendo la ayuda en forrajes, en agua”, expresó.

El director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), entidad que asesora al ayllu, dijo que “el Estado no está tomando ninguna acción seria para resolver la contaminación”.

Explicó que se presentó una acción popular que ha denegado la solicitud de los comunarios, pero que el Tribunal Constitucional revocó esa decisión y “ha reconocido que los derechos al agua y a la salud están afectados” por lo que el fallo del TCP exige que se haga un estudio para verificar si el agua es apta para el consumo humano.

Los estudios ratificaron la contaminación, pero, el informe final del Ministerio de Medio Ambiente dice que no se presenta contaminación por mano del hombre. Este dato fue dado a conocer por Vásquez y luego corroborado por los técnicos del gobierno, quienes presumen que la contaminación es “natural”.

Sin embargo, CENDA encargó un estudio de sangre y orín de los pobladores y, según dijo Vásquez, confirmaron la contaminación de todos los pobladores con metales pesados como arsénico, plomo y cadmio.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

El Gobierno respondió con una comitiva integrada por los viceministros de Medio Ambiente y de Minería, además de sus respectivos técnicos, desde una única mesa enfocada en la plataforma virtual con un plano general, de tal manera que no se pudo ver los rostros de ninguno de ellos, a diferencia de los comunarios que fueron vistos en primer plano y hasta pudieron mostrar sus carteles de protesta.

El viceministro de Medio Ambiente y Agua, Franz Álvaro Quispe, dijo que el Gobierno dio “estricto cumplimiento a la sentencia constitucional” por lo que, en coordinación con los pobladores, se hizo el estudio científico, el que detectó contaminación “natural” y no así causada por “la mano del hombre”.

Para sustentar su tesis de que la contaminación es natural dijo que no existen operaciones mineras en el ayllu y que la más próxima está a seis kilómetros. Los técnicos de CENDA replicaron que si bien están a esa distancia, es el río el que arrastra los metales pesados hasta las comunidades.

En ese marco, el Viceministro dijo que “se recomendó que el Gobierno Municipal de Poopó, de acuerdo a sus competencias, debe velar por el agua y el saneamiento de su población”.

LAS RÉPLICAS

El técnico de CENDA, Luis H. Vildozo Guillen, rebatió la postura del Gobierno indicando que no hizo análisis sobre la salud de los pobladores, pese a que ese era el mandato del Tribunal Constitucional y tampoco se hizo el análisis de los parámetros que, según dijo, dan cuenta de que los metales que contaminan las aguas de Puñaca son cancerígenos.

Cuando un comisionado preguntó si había algún estudio sobre los efectos de la contaminación sobre las mujeres, Vildozo informó que, de los 20 comunarios que se sometieron al estudio, 11 eran mujeres, de las cuales, siete habían sufrido abortos y algunas de ellas habían enfrentado hasta tres interrupciones de embarazos como producto del arsénico encontrado en sus cuerpos.

Ante la insistencia de parte de los comisionados para que el Gobierno exponga sus planes específicos, los representantes del Ejecutivo indicaron que durante el segundo semestre de este año se aplicará un programa de salud y que el agua potable está en manos del municipio de Poopó.


eldiario.net